El Gobierno pide a la gran banca que compre la deuda extranjera de las autopistas a un tipo del 4%

La empresa pública que rescatará las autopistas en quiebra nacerá con una deuda de 2.300 millones

   MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno pretende que los seis grandes bancos españoles se queden con la deuda que las nueve autopistas en quiebra tienen con bancos extranjeros, un pasivo de unos 646 millones de euros que se convertirá en un bono a treinta años y devengará un tipo de interés del 4,11%, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

   Este importe es el que resulta de restar a la deuda de 1.300 millones que las autopistas en concurso mantienen con una treintena de bancos foráneos una vez que se le practique la correspondiente quita del 50% que el Gobierno realizará a todo el pasivo de estas vías, un total de 4.600 millones de euros, contraído con bancos y constructoras.

   El plan de rescate que ultima el Gobierno contempla así que la empresa nacional de autopistas que se constituya con las nueve autopistas quebradas nazca con una deuda "máxima" de 2.300 millones de euros. Un importe que además se convertirá en un bono a treinta años y se estructurará en tres tramos.

   El primer tramo, de unos 1.355 millones, lo conformará la deuda financiera con la banca española, el segundo (de unos 600 millones) corresponde al pasivo de las vías con las constructoras, y el tercero, de 646 millones de euros, a la deuda con banca extranjera.

   Los dos primeros tramos de deuda devengarán un tipo de interés del 1%, porcentaje que se eleva al 4,11% en el caso del tercer tramo, de la nueva deuda que la banca española contraerá para comprar el pasivo a las entidades extranjeras.

   Los bancos españoles consideran que el cupón que percibirán por su deuda y el que cobren por la foránea dará lugar a un tipo medio de algo más del 2%, un porcentaje más próximo al del mercado, según indicaron dichas fuentes.

   De su lado, el Gobierno, con su petición a la banca de comprar del pasivo de la extranjera, evitará que estas entidades financieras foráneas abran una eventual batalla legal en los tribunales contra el Estado.

   Los principales bancos acreedores de las autopistas quebradas con Bankia, Banco Sabadell, CaixaBank, Santander y BBVA, además del ICO. En el caso de las entidades extranjeras, el Banco Espirito Santo figura como primer acreedor foráneo, por delante de RBS, ING, Barclays, BNP Paribas y Lloyds.

   Está previsto que representantes de los ministerios de Fomento y Hacienda se reúnan este jueves, 31 de julio, con los grandes bancos españoles para tratar de concretar esta reestructuración de deuda que incluye el plan de rescate de la autopistas.

   Entre los términos del plan por concretar figura la petición de los bancos de que el Banco de España les permita liberar las provisiones que han realizado por su exposición a las autopistas quebradas.

ACUMULACIÓN DE CONCURSOS DE ACREEDORES.

   En cuanto a la empresa nacional de autopistas, se integrará en Seittsa, una empresa pública del Ministerio de Fomento que actualmente no realiza actividad alguna.

   El plan contempla que Seittsa se quede con los activos (las autopistas) y los pasivos (su deuda tras la quita), no con las actuales sociedades concesionarias de las vías.

   Para ello, se prevé promover la acumulación de los procesos concursales en que todas ellas están inmersas para ofrecer este único convenio de acreedores y reestructuración de deuda, según detallaron a Europa Press en fuentes del sector.

   Fomento prevé que Seittsa gestione las autopistas sin plazo de concesión, con el fin de que generen recursos para atender los servicios de la referida deuda con que se constituirá la nueva empresa pública de autopistas.

   La Seittsa se hará así con nueve vías que suman 748 kilómetros de longitud, lo que supone una quinta parte de la actual red de autopistas de peaje, y que en la primera mitad de este año contabilizaron un tráfico de 5.751 vehículos diarios, un 4,6% menos que el año anterior.

   Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la que une la capital con el Aeropuerto de Barajas y las que conectan Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. En la actulidad, están controladas por grandes grupos constructores.

   Con este plan, el Gobierno pretende evitar la liquidación de estas infraestructuras, un supuesto que activaría la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene con sus actuales sociedades concesionarias (participadas por grandes constructoras) y que podría suponer un impacto para el Estado de unos 5.000 millones de euros.