El PSOE pide prohibir por ley la venta de participaciones preferentes a inversores minoristas

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley en la que pide al Gobierno que prohíba la venta de participaciones preferentes a inversores minoristas y que garantice a quienes las suscribieron en el pasado la devolución del cien por ciento del valor nominal de estos títulos bancarios.

Según explican los socialistas en su iniciativa, que recoge Europa Press, la comercialización de las participaciones preferentes se produjo "sin un nivel adecuado de transparencia" ni una "evaluación previa de los conocimientos financieros y experiencia del inversor minorista".

"La gran mayoría de entidades indujeron a su clientela a convertir sus depósitos en estos productos financieros extremadamente complejos", continúa la propuesta, concluyendo que ahora muchos de quienes invirtieron sus ahorros en un producto que creían seguro se encuentran con que no pueden disponer de su dinero de forma inmediata, al menos no sin asumir pérdidas.

Para evitar que esta situación se repita en el futuro, los socialistas proponen modificar la Ley del Mercado de Valores para "regular mejor este tipo de conductas y obligar a las entidades a ofrecer información suficiente y pormenorizada sobre los riesgos y condiciones de los productos que ofrecen a sus clientes minoristas", así como que "presten asesoramiento financiero adecuado al perfil de sus clientes" y emitan "certificados de idoneidad".

LA REFORMA ES INSUFICIENTE

Dado que para el PSOE la reforma del sector financiero aprobada el pasado 11 de mayo es "insuficiente" para solucionar este problema, proponen que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la que autorice las operaciones de canje de las participaciones preferentes y que las entidades tengan la "obligación" de ofrecer el cien por ciento de su valor nominal.

Además, abren la posibilidad a que los inversores, "con carácter voluntario", puedan elegir suscribir nuevas acciones, obligaciones subordinadas convertibles en acciones de la entidad emisora o de cualquier otra de su grupo, y la constitución de imposiciones a plazo fijo no superior a tres años".

El Gobierno, por su parte, podrá "establecer los requisitos y condiciones que garanticen las posibilidades de canje" y además prohibirá, a partir de la entrada en vigor de este cambio normativo, la comercialización por cualquier tipo de entidad de participaciones preferentes entre la clientela minorista.

BUSCAR UNA SOLUCIÓN

El pasado 14 de marzo, la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados rechazó una proposición no de ley del PSOE en la que exigía al Gobierno que garantizara a los clientes que contrataron participaciones preferentes la recuperación de su capital inicial y que regulara la información que se da sobre estos productos financieros.

Según el diputado Antonio Hurtado, aproximadamente un millón de personas invirtieron en estos productos un total estimado de más de 10.000 millones de euros. Sin embargo, la información que recibió la mayoría de ellos sobre condiciones de rentabilidad y liquidez fue, "como mínimo, inadecuada, incompleta e imperfecta, cuando no fraudulenta".

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también ha presentado en la Cámara baja una iniciativa similar para acabar con el "corralito" que, a su entender, están sufriendo los titulares de estos productos, y para sancionar a los bancos que hayan abusado de sus clientes.

Por su parte, CiU también ha presentado una iniciativa reclamando al Gobierno que expediente a los bancos que vendieron participaciones preferentes a clientes individuales, así como que sancione a los que pudieran haber vulnerado la ley, y que presente un proyecto de ley de transparencia y calidad en la comercialización de productos bancarios.

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que "nunca se tendrían que haber colocado (estos títulos) entre el pequeño ahorrador", máxime cuando los inversores institucionales ya los estaban rechazando, y se comprometió a buscar "una salida lo más adecuada posible" a esta situación.

Además, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha anunciado que se está estudiando la vía civil, e incluso la penal, para tipificar la comercialización de estos productos y dar cabida a una demanda de consumo en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.