El Congreso debate esta semana las enmiendas de totalidad del Presupuesto de 2012

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes y miércoles las enmiendas de totalidad que diez de los partidos de la oposición han presentado pidiendo la devolución del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 al Gobierno.

Tras una semana de comparecencias de los altos cargos del Ejecutivo ante las diferentes comisiones parlamentarias para dar cuenta del detalle de las cuentas de cada departamento, el debate sobre el PGE se traslada al Pleno de la Cámara baja, que el martes por la mañana recibirá al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para presentar su propuesta.

A partir de las 16 horas, los portavoces de los partidos que han presentado enmienda de devolución (PSOE, CiU, IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, CC-NC y Compromís) irán pasando por el estrado para exponer sus argumentos en contra de las cuentas públicas, solicitando al Plenario que devuelva el proyecto al Gobierno. El orden de intervención vendrá determinado por el número de diputados con que cuenta cada formación, y el ministro tendrá que contestar uno a uno a todos ellos.

Sólo dos partidos de la oposición con representación en la Cámara Baja --el Foro Asturias (FAC) y Unión del Pueblo Navarro (socio electoral del PP)-- han renunciado a presentar enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales. Tampoco lo ha hecho Geroa Bai, aunque en ocasiones precedentes ha optado por apoyar las presentadas por otras formaciones afines como el PNV.

El debate concluirá al día siguiente con la intervención del Grupo Popular, el único que apoya las cuentas del Gobierno. Cuando finalice el debate, se votarán todas las enmiendas conjuntamente, dado que el objetivo es común: devolver el proyecto al Ejecutivo. Sin embargo, la mayoría absoluta con la que cuentan los 'populares' garantizará el rechazo de todos los textos.

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

El viernes 27 de abril a las 14 horas finalizará además el plazo de presentación de enmiendas parciales por parte de los grupos parlamentarios. Dado que el proyecto de presupuestos goza de prioridad sobre el resto de iniciativas, durante la semana del 8 al 10 de mayo estas propuestas de cambio se analizarán y votarán en la Comisión de Presupuestos.

Su dictamen se elevará al Pleno del Congreso que, entre el 22 y el 24 de mayo, debatirá y votará el texto del Gobierno junto con las enmiendas parciales que no hayan sido aceptadas y que los partidos hayan decidido mantener vigentes y una vez aprobado el proyecto final se enviará al Senado, donde las cuentas podrían quedar definitivamente aprobadas si la Cámara alta no incluye ninguna enmienda ni veto.

En caso de que sí se modificaran los presupuestos, el proyecto debería volver al Pleno del Congreso, encargado de ratificar o rechazar los cambios y, en su caso, de levantar el veto. Así las cosas, los PGE de 2012 deberían entrar en vigor en el mes de junio, suspendiéndose en ese momento la prórroga de las cuentas de 2011 actualmente en vigor.

LAS CUENTAS MÁS AUSTERAS

El proyecto de presupuestos, que el propio Gobierno ha definido como el más austero de los últimos años, está marcado por el objetivo de reducción del déficit del 8,5 al 5,3%, que hace necesario un nuevo ajuste de 27.300 millones de euros, el mayor de la democracia. Este ajuste procede de una fuerte reducción del gasto y de una serie de medidas fiscales incluidas en un decreto ley que acompaña a las cuentas.

En dicho decreto el Gobierno ha introducido cambios en el Impuesto de Sociedades y en el de las Labores del Tabaco, y ha dado vía libre a una 'amnistía fiscal' para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país, que sólo tendrá que pagar un gravamen especial del 8 o el 10%.

Con esta medida, el Ejecutivo pretende recaudar 2.500 millones de euros, cantidad que junto a todo lo recaudado a través de otras medidas puestas en marcha por Mariano Rajoy desde que llegó al poder, sumaría unos 12.314 millones de euros. A esta cantidad habrá que añadir otros 10.000 millones de euros que se recortarán en Sanidad y Educación.

Por su parte, los gastos caerán un 9,6% este año hasta los 122.083 millones de euros, con especial afección a los ministerios, que verán sus partidas reducidas en un 16,9%, hasta los 65.803 millones lo que, según el Gobierno, permite mantener congelado el sueldo de los funcionarios y las prestaciones básicas (pensiones y seguro de desempleo).

NO SERVIRÁN PARA SALIR DE LA CRISIS

Sin embargo, los partidos que han presentado enmiendas de devolución coinciden en su totalidad en que estas cuentas debilitan el Estado del Bienestar y afectarán de forma muy negativa a los servicios públicos, sin que ello suponga sin embargo una garantía para el cumplimiento de los objetivos de déficit.

De hecho, los enmendantes afirman que las previsiones de ingresos del Gobierno son demasiado optimistas, lo que resta credibilidad a las cuentas, y que la "obsesión" por el equilibrio financiero llevará al país a un "círculo vicioso" de más recesión y más paro, especialmente porque consideran que falta apoyo a la recuperación económica y al fomento del empleo, y que se abandona la inversión en pro de un nuevo modelo económico sostenible y de futuro.

También se critica de forma generalizada la 'amnistía fiscal' y la falta de reformas fiscales más profundas o de una mayor apuestas por la lucha contra el fraude como vías para conseguir nuevos ingresos para las arcas públicas.

Además, formaciones nacionalistas como CiU, PNV, CC-NC o BNG, así como los independentistas de ERC, critican al Ejecutivo por "aprovechar la excusa de la crisis" para recentralizar competencias, así como por cargar el peso de los ajustes en las comunidades autónomas, que tienen límites déficit más restrictivos y mayor gasto social.

En la misma línea, se califican de "insuficientes" las inversiones y transferencias a los gobiernos regionales y Amaiur critica que el presupuesto no ayudará a normalizar la situación en el País Vasco. UPyD, por su parte, discrepa de estos argumentos y aplaude el control ejercido por el Estado sobre las cuentas regionales.