MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Fomento está planteando en los tribunales los sobrecostes que supusieron las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas de peaje que actualmente afrontan problemas financieros o se han declarado en quiebra.
"Estamos acudiendo a los tribunales y planteando declaraciones de lesividad", indicó el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferre, quien apuntó que algunas de estas expropiaciones se pagaron a importes "hasta veinte o treinta veces" superiores a los estimados.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ya indicó el pasado viernes que Fomento trabaja en los procesos aún abiertos en los tribunales sobre los justiprecios de algunas de estas expropiaciones, para que se basen en otros argumentos jurídicos y no generen importes tan altos para las concesionarias.
Catalá también indicó que el Ministerio está investigando las cuantías que se pidieron por estas expropiaciones, al estimar que en muchos casos fueron "desorbitadas", por si pudieran ser susceptibles de ser declaradas "lesivas o abusivas".
Los sobrecostes que una decena de concesionarias de autopistas pagaron por las expropiaciones de los terrenos sobre las que se construyeron constituye, junto a la caída de los tráficos por la crisis, uno de los factores del riesgo de quiebra que actualmente afrontan.
Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, el secretario general de Infraestructuras indicó que el Ministerio también trabaja en diseñar medidas adicionales para ayudar a estas vías de pago a afrontar su "complicada situación", tras constatar que las ya articuladas "no serán suficientes".
AYUDAS ADICIONALES.
"Somos conscientes de la complicada situación económica que actualmente atraviesan las autopistas radiales y otras sociedades concesionarias, y por ello le venimos aplicando una medicina, pero también somos conscientes de que esta medicina no será suficiente", indicó Ferre en referencia a la articulación las cuentas de compensación que ofrece a estas vías para que amortigüen la caída de los tráficos y a la línea de préstamos participativo para que hagan frente a las expropiaciones.
"Por ello, trabajamos en determinar otras medidas para solucionar este problema", añadió, para después admitir que "hace unos meses" desde el Ministerio pensaban que "se iba a dar solución a este problema de una forma más rápida".
Por el momento, según recordó Ferre, los presupuestos de Fomento para 2013 contemplan una partida de 200 millones de euros para conceder préstamos participativos a estas vías.
En la actualidad, cuatro de las nueve autopistas con problemas ya han solicitado acogerse a procesos concursales. La Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña han solicitado el concurso, y la Cartagena-Vera y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, el preconcurso.
Las cuatro sociedades concesionarias de estas vías, participadas por grandes constructoras y entidades financieras, suman un pasivo de 2.171 millones de euros y realizaron una inversión para la construcción y puesta en marcha de las autopistas de 3.338 millones de euros.