El Gobierno dice que la reforma financiera no costará "ni un euro al contribuyente"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la tercera reforma financiera, que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros --y que se tramitará como proyecto de ley en el Congreso--, culmina la reestructuración del sector y se hace con un objetivo "básico y fundamental: que no cueste ni un euro al contribuyente".

"Que sea una reforma que, aprovechando la ayuda de la UE, pueda solventarse sin coste", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Hoy se culmina una reforma de primer orden, que en estos momentos también es de necesidad nacional", ha insistido.

Según la portavoz, ésta es una regulación muy "completa" que diseña los mecanismos necesarios para la prevención y resolución de crisis bancarias futuras, y con la que se conseguirá el "imprescindible" objetivo de sanear el sistema financiero para que se pueda recuperar el crédito y, así, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

CON ESTAS MEDIDAS LA CRISIS SE HABRÍA SOLUCIONADO DE OTRA FORMA

Sáenz de Santamaría también ha asegurado que el decreto ley incluye medidas "de calado" para la protección de los inversores, y que conseguirá dinamizar el mercado inmobiliario con la creación de la Sociedad de Gestión de Activos (SGA) para que el sistema inmobiliario pueda "hacer la digestión" de su stock, sacando la vivienda acumulada a la venta "a precios razonables".

Además, con las medidas incluidas en el decreto se da cumplimiento a las condiciones incluidas en el Memorándum de Entendimiento (MoU) sobre el rescate bancario de la UE, y también se "adelanta" la adaptación a la legislación española de directivas comunitarias actualmente en tramitación.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha ofrecido explicaciones más pormenorizadas sobre los contenidos del decreto, que incluye seis tipos de medidas: para gestionar crisis bancarias, regular el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reforzar la protección de inversores, dar marco legal al 'banco malo', definir cómo se reparten los costes de las reestructuraciones y otros aspectos de requerimientos de capital o remuneraciones.

"Es una norma muy importante, compleja y extensa, que se ha elaborado con el apoyo del Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y constituye una pieza legislativa que modifica sustancialmente el entramado de supervisión y prevención de las crisis bancarias", ha añadido, asegurando que si estos instrumentos ya existieran "la crisis se podría haber abordado de una forma completamente distinta".

GESTIÓN DE CRISIS

Así, se prevén tres posibilidades de gestión de crisis: en los casos de entidades con dificultades "leves" y capacidad de recuperación en "no más de dos años" habrá una "actuación temprana" con la sustitución de los consejos de administración, planes de reestructuración de la deuda e incluso la posibilidad de intervención del FROB.

Para las entidades que necesiten recursos durante un máximo de cinco años (prorrogables dos más) se prevé ayuda financiera en diferentes modalidades, así como el traspaso de los activos deteriorados al 'banco malo'.

La novedad que introduce el decreto es la posibilidad de acometer una resolución ordenada de entidades con problemas que no se pueden resolver en un plazo razonable. En estos casos se procederá a la sustitución inmediata de los órganos de administración y la intervención del FROB, que elaborará planes de resolución incluyendo medidas como la transmisión de los de productos con problemas al 'banco malo' para dejar los activos y pasivos sanos en un 'banco puente' que intente venderlos para "minimizar los costes".

NUEVO FROB

El FROB será, según el ministro, el "nuevo protagonista" junto con el Banco de España en todos estos procedimientos. Para ello, se refuerzan sus competencias y se le dota con mayor presupuesto a cargo de las arcas públicas. Además, también podrá financiarse con deuda hasta un máximo de 120.000 millones de euros este año, frente a los 99.000 millones fijados hasta ahora.

Para optimizar su funcionamiento, el FROB dejará de contar con el sector privado en sus órganos gestores y no realizará más aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

El Fondo tendrá una comisión rectora formada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, de Hacienda y Administraciones Públicas y del Banco de España, y contará con un director general nombrado por Economía a propuesta del Banco de España, con plenas funciones ejecutivas. También tendrán una función consultiva representantes de la Intervención y la Abogacía General del Estado, aunque sin voto.

"Es fundamental que haya un control y una transparencia absolutos en sus actuaciones, lo que se consigue con un control financiero permanente de la Intervención. Además, trimestralmente el presidente del FROB --que también es subgobernador del Banco de España-- irá a la Comisión de Economía del Congreso", ha apostillado De Guindos.

REPARTO DE LOS COSTES

Con respecto al reparto de los costes de los procesos de reestructuración no habrá, según el ministro, modificaciones sustanciales, manteniéndose la normativa europea de competencia que prevé que los canjes máximos sean a precios de mercado más un 10%. Esto sólo afecta a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada.

"La única novedad es que, cuando el FROB considere que la absorción de pérdidas por parte de los acreedores ha sido insuficiente, podrá imponer un ejercicio de canje determinado", ha precisado De Guindos. El objetivo de estas excepciones es "minimizar el impacto de los costes para el contribuyente" y que sean los accionistas y acreedores los que "paguen" las crisis bancarias.

Con respecto a los afectados por las participaciones preferentes no se incluye ninguna normativa, pero sí se regula "con todo tipo de cautelas" la venta de estos productos a futuro. Así, se exigirá que al menos el 50% de la colocación de productos complejos se haga en inversores institucionales, que determinarán las condiciones exactas de los ahorradores individuales. Además, habrá límites en las diferentes inversiones y los clientes minoristas deberán firmar de su puño y letra una declaración de conocimiento de riesgos.

EL 'BANCO MALO'

El decreto incluye también la creación del 'esqueleto' del 'banco malo' en el que se aglutinarán los activos problemáticos de las entidades intervenidas, que en principio serán las únicas que puedan acceder a este sistema para conseguir "mayor solvencia" y un "balance más saneado".

Esta Sociedad de Gestión de Activos, que debe estar en funcionamiento a principios de diciembre, enajenará los activos por un plazo de entre 10 y 15 años para venderlos posteriormente y recuperar el máximo posible de su inversión, ya que debe ser una entidad "viable".

Antes de que entre en funcionamiento se deberá redactar un reglamento donde se determine cómo se financia la SGA --habrá una participación minoritaria del FROB y otra mayoritaria de inversores privados--, qué tipo de activos se transfieren y la metodología para calcular sus precios. Éste es el punto clave del proceso, ya que de la valoración dependerá que la sociedad incurra en pérdidas o no, si bien para De Guindos las últimas reformas y el incremento en las provisiones obligatorias "facilitará" el procedimiento.

El resto de medidas eliminan la "extracontribución de los depósitos de alta remuneración" para evitar la venta de pagarés, que implican menos protección para los consumidores al no estar cubiertos por el FGD; elevan los requerimientos de capital al 9%, traspasan competencias sancionadoras y de autorización al Banco de España y reducen las retribuciones a directivos.