El Gobierno renovará los préstamos subsidiados para vivienda protegida solicitados hasta junio de 2013

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aceptará finalmente las solicitudes de renovación de préstamos subsidiados para vivienda protegida que se presentaron hasta junio del año pasado, siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo y ante las sentencias judiciales que han fallado en contra de la decisión del Ministerio de Fomento de no conceder nuevas ayudas ya solicitadas ni renovar las que existían.

Así lo admite en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Chesús Yuste, quien en una pregunta parlamentaria criticaba la decisión del Ejecutivo de "rechazar" la recomendación del Defensor del Pueblo de "revisar el criterio interpretativo" de Fomento en relación con la supresión de la subsidiación de préstamos.

En concreto, el departamento que dirige Soledad Becerril recomendaba al Gobierno que revisara el criterio interpretativo con el que se estaba aplicando el decreto ley de Fomento de la Competitividad, que en su artículo 35 estipulaba que desde el 15 de julio de 2012 quedarían suprimidas las ayudas de subsidiación de préstamos incluidas en el Plan de Vivienda 2009-12.

CAMBIOS EN LA NORMATIVA

Aunque dicho decreto no hacía ninguna referencia a las renovaciones o prórrogas de estas ayudas, el Ministerio señalaba en los criterios interpretativos del decreto que envió a las comunidades autónomas que debían denegar las prórrogas de ayudas que se vinieran cobrando independientemente del plan al que pertenecieran.

Posteriormente, en junio de 2013, el Gobierno aprobó la Ley de Fomento del Alquiler, en la que insiste en no admitir nuevos reconocimientos de ayudas pero sí mantiene las que ya se estuvieran percibiendo y las que estuvieran reconocidas antes del decreto ley, siempre y cuando se formalizaran en un máximo de dos meses.

Por eso, el Defensor del Pueblo pedía al Ejecutivo que abonara las ayudas pendientes entre el 14 de julio de 2012 y el 4 de junio de 2013, y que diera instrucciones a las comunidades autónomas para que revisaran de oficio todas las solicitudes que hubieran denegado entre esas fechas.

CAMBIO DE CRITERIO

Aunque en un primer momento el Gobierno aseguró que no habría ningún cambio a este respecto, en la respuesta a Yuste, que recoge Europa Press, reconoce que "en los próximos días" remitirá un escrito a todas las comunidades autónomas informándoles de un "cambio de criterio en la interpretación" de la normativa y sobre los pasos a seguir "en los distintos supuestos que se han generado".

Esta decisión se deriva del informe que el Ministerio solicitó al Servicio Jurídico del Estado sobre "la procedencia o no" de cambio en la aplicación de la normativa a resultas de las primeras sentencias de los tribunales de Justicia, contrarias a Fomento. La primera de ellas tuvo lugar en septiembre de 2013 en Castellón, donde un juzgado dio la razón a una mujer que demandó a la Administración por denegarle la renovación de la ayuda aplicando una normativa diferente a la que existía cuando se le concedió por primera vez.

De hecho, eso fue también lo que alegó el PSOE en el recurso de inconstitucionalidad que en septiembre del año pasado presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Fomento del Alquiler, argumentando que suprimir los préstamos subsidiados para la compra o la rehabilitación de viviendas protegidas ya concedidos en anteriores planes de vivienda es contrario a la Carta Magna por su efecto retroactivo.

En cualquier caso, en el nuevo informe solicitado a los Servicios Jurídicos del Estado, la Abogacía General reconoce que "hay razones que aconsejan la revisión del cambio del criterio aplicado por el Ministerio de Fomento".

Ante este informe y las sentencias judiciales, el Gobierno reconoce que el Ministerio que dirige Ana Pastor ha "decidido adoptar el cambio de criterio en dicho precepto".

ES INCONSTITUCIONAL

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la asociación 'Vivienda Protegida Sí' y representante de la Coordinadora de Plataformas de Afectados Estatales, Ángel de Sancha, se congratula de la decisión del Ministerio aunque ya se la esperaba, ante las diferentes sentencias judiciales que están rechazando la posibilidad de denegar la renovación de ayudas a personas a quienes se les concedió con esos requisitos.

Y es que para los afectados la decisión del Ejecutivo de cancelar estas ayudas "con carácter retroactivo" es "inconstitucional", tal y como han hecho saber a Soledad Becerril y a todos sus homólogos autonómicos. De hecho, recuerda De Sancha, Castilla y León y Extremadura --ambas gobernadas por el PP-- "ya han revocado de oficio todas las denegaciones".

"Todas las ayudas de todos los planes de vivienda menos el de 2009-12 tienen derecho a la renovación, así que la instrucción de Fomento a las comunidades autónomas será que paguen las prórrogas correspondientes a esos planes y que dicten nuevas resoluciones concediendo las que hubieran denegado", pronostica.

Aunque es difícil estimar qué impacto económico tendrá este cambio para las arcas públicas, el abogado calcula que podrían ser entre 330 y 390 millones de euros, a tenor de que hay "al menos" 300.000 familias afectadas que reciben una ayuda de entre 1.100 y 1.300 euros al año para cubrir gastos financieros de su hipoteca.

Los préstamos subsidiados son una ayuda del Estado contemplada en los diferentes planes de vivienda que, previo convenio con las entidades financieras, descargaba del pago de los intereses por la cuota de compra o rehabilitación de la vivienda de protección oficial, siempre que se cumplan unos niveles de ingresos económicos familiares máximos.