MADRID 26 Oct. (Reuters/EP) -
Un juez norteamericano ha ordenado a filiales estadounidenses de Abengoa declaradas en quiebra en el país que entreguen información acerca de sus acuerdos con la matriz española, después de que los acreedores acusaran a la empresa de transferir recursos de estas subsidiarias hacia el grupo de cabecera.
Los acreedores de las sociedades Abengoa Bioenergy US Holding y Abeinsa Holding, ambas sometidas al proceso de bancarrota en Estados Unidos, han remitido escritos al juez en el que aseguran que los recursos obtenidos con los negocios en Estados Unidos han sido desviados a la matriz de España.
Estas demandas de los acreedores acerca de unas filiales acogidas al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras norteamericana puede suponer una amenaza para el intento de Abengoa de mantener el control del negocio en Estados Unidos, estratégico para su actividad.
En un documento de 2.388 páginas entregado este martes, Abengoa ofreció 20 millones de dólares (18 millones de euros) para mantener el control de las filiales estadounidenses, al tiempo que describe el plan de reestructuración de la empresa.
Los acreedores estadounidenses desean sin embargo obtener pruebas de que la oferta de Abengoa es justa. Conforme a la legislación estadounidense, los accionistas quedan apartados del capital si los acreedores no logran recuperar su dinero.
En el caso de las filiales estadounidenses de Abengoa, los acreedores no respaldados por garantías, incluidos los que ayudaron a financiar la construcción de una de las principales plantas termosolares en el desierto de Mojave, aspiran a recuperar solo una pequeña porción de lo aportado.
En una resolución fallada este martes, el juez de bancarrotas Kevin Carey ha dado curso a la petición del comité de acreedores de deuda no asegurada de que las unidades norteamericanas entreguen documentos acerca de aspectos como las transferencias de activos y recursos entre sociedades de Abengoa.
Si Abengoa no suministra la información requerida, el comité ha asegurado que presentará una reclamación para exigir al tribunal que nombre un auditor independiente.