MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, trasladó hoy al presidente del Consejo del Notariado, José Marqueño, la suspensión de la rebaja de hasta un 70% del arancel de notarios y registradores que tenía previsto aplicar el Gobierno, informó hoy este Departamento.
El Ejecutivo elaboró un proyecto de Real Decreto que incluía la aplicación a partir del 1 de enero de 2009 de una rebaja general del 20% de los aranceles de notarios y registradores de la propiedad, además de una reducción adicional del 35% en las operaciones que el ciudadano no pudiera realizar por medios telemáticos y que aumentaba hasta el 70% a partir del 1 de julio de 2009.
Durante el encuentro de ambos dirigentes, Pérez señaló que "la situación económica actual es muy distinta" a la del pasado 14 de agosto, cuando el Consejo de Ministros aprobó el 'Acuerdo sobre medidas de reforma estructural y de impulso de la financiación de las pequeñas y medianas empresas', en el que se incluían este Real Decreto.
"Así, en un escenario económico tan distinto y para no perjudicar a los miles de puestos de trabajo dependientes de las notarías y los registros, se ha decidido suspender la parte del Acuerdo del 14 de agosto referida a la rebaja arancelaria", añadió el Ministerio en un comunicado.
Ayer mismo, la Federación de Asociaciones de Notarios de España (Fedane) rechazó esta reducción arancelaria, y recordó que los notarios han podido "soportar" las sucesivas rebajas de los aranceles por "el ciclo alcista que se ha vivido y el aumento de la contratación inmobiliaria e hipotecaria".
Fedane, que agrupa a todas las asociaciones patronales de notarios del Estado español, indicó que las transmisiones inmobiliarias se han reducido cerca de un 45% desde agosto de 2007 hasta hoy y la contratación hipotecaria un 35%.
Por ello, considera que la reducción de los aranceles "no es oportuna ni meditada y pone en grave riesgo la función pública", y advierte de que también "existe el riesgo de que las notarías no sean rentables".
Fedane explicó que una reducción como la anunciada podría "desestabilizar el equilibrio laboral" de los despachos, que dan trabajo a 40.000 personas en España. "Los costes actuales son los más bajos de todos los gastos asociados a la contratación", declaró.
Lo que sí mantendrá el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo es lo referente a un nuevo modelo de seguridad jurídica preventiva, que continúa su proceso de elaboración, con el objetivo de evitar duplicidades y solapamientos entre las funciones de notarios y registradores.
Además, se reforzarán los mecanismos de supervisión de la actividad de los fedatarios públicos y de los registradores y se facilitará la información integral e integrada de los datos registrales y catastrales para potenciar la calidad del sistema.