El PSOE exige que todos los bancos nacionalizados anulen las cláusulas suelo de las hipotecas

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que obligue a las entidades financieras que están nacionalizadas a anular las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios, y que inste al resto de bancos a ofrecer esta posibilidad a sus clientes.

Los socialistas apelan a la necesidad de hacer efectiva la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de mayo en la que se declaran nulas las cláusulas suelo de BBVA, Cajas Rurales Unidas y NGC banco por considerarlas abusivas. Aunque el fallo no tiene efectos retroactivos y estas entidades no tendrán que devolver nada a sus clientes afectados, sí prevé que tengan que cesar en su utilización.

La falta de información suficiente es el argumento esgrimido por el Alto Tribunal para justificar este fallo, en el que se señala que aunque las cláusulas suelo son legales "se ha venido produciendo, de forma bastante generalizada, una mala práctica en su utilización", ya que para que no sean consideradas abusivas es necesario que sean comprensibles y transparentes para los clientes.

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Por ello, la proposición no de ley del PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide que las entidades afectadas por el fallo judicial lo acaten de inmediato, y que las que están participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "eliminen y dejen sin efecto las cláusulas suelo y techo de los contratos vigentes, a no ser que el titular estime mantenerlas".

Para el resto de entidades del sistema financiero español, los socialistas proponen que estén obligadas a ofrecer la posibilidad de eliminar las cláusulas suelo y techo a sus clientes, y que sean éstos los que decidan. En cualquier caso, todos los bancos y cajas deberían dar "información puntual a todos sus clientes sobre los efectos de la sentencia" del TS.

Con el objetivo de incentivar a las entidades financieras a que acaten estas peticiones, el PSOE sugiere que el Banco de España redacte un informe de las que no ofrezcan esta posibilidad a sus clientes, documento que debería "evaluar la totalidad de los préstamos hipotecarios vigentes con este tipo de cláusulas para analizar caso por caso la posible falta de reciprocidad o desproporción en su establecimiento, o la posible falta de información suficiente o de conocimientos e idoneidad" por parte del titular para contratar dichas cláusulas.

En la misma línea, el PSOE pide que el Instituto Nacional de Consumo lleve a cabo una campaña de información y asesoramiento de los usuarios afectados, acordando con las asociaciones nacionales de consumidores las actuaciones a seguir para "garantizar" que todos los titulares de hipotecas con estas condiciones puedan beneficiarse de los efectos de la sentencia.

PREVENIR A FUTURO

Finalmente, la iniciativa socialista incluye algunas propuestas para evitar este tipo de desequilibrios a futuro, de manera que el Estado garantice el "máximo nivel de protección e información" a los consumidores en su relación con las entidades bancarias, y el cumplimiento por parte de éstas de sus obligaciones de transparencia y conducta.

Para ello, sugieren que se amplíen los contenidos que deben ser objeto de información previa a los clientes antes de la firma de un contrato, tales como simulaciones de escenarios diversos en función del comportamiento del tipo de interés variable, o información previa sobre el coste comparativo de aplicar dicho índice con respecto a su evolución prevista.

También piden que se configuren TAEs diferentes para los productos a tipo variable y los de tipo fijo, o que se promocione la práctica de evaluar el riesgo de la operación teniendo en cuenta "posibles escenarios de variación de los tipos y la mayor incertidumbre de la operación".

Para debatir la aplicación de la sentencia del TS, el próximo miércoles están citados a comparecer ante la subcomisión de Transparencia de los Productos Financieros del Congreso el responsable de los Servicios Jurídicos del BBVA, Eduardo Arbizu; el director de la Asesoría Jurídica de NGC Banco, José Eduardo Álvarez-Naveiro; el director general corporativo de Cajas Rurales Unidas, Bernabé Sánchez; y el abogado Antonino Joya.