Rajoy acude hoy al Congreso con más medidas de ajuste

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirá hoy al Congreso de los Diputados y detallará las próximas medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo para reducir el déficit y cumplir con el mandato de Bruselas.

Rajoy comparecerá en un Pleno extraordinario convocado inicialmente para informar sobre el Consejo Europeo celebrado los días 28 y 29 de junio en Bruselas, aunque aprovechará la ocasión para anunciar un nuevo paquete de ajustes.

La comparecencia se celebrará dos días después del Eurogrupo celebrado en Bruselas, en el que se ha concedido un año más a España para reducir el déficit hasta el 3% por los desvíos registrados en los primeros meses del año.

De esta forma, el Gobierno tendrá que reducir un déficit del 8,9%, a falta de incorporar los últimos datos de los ayuntamientos, al 6,3% este año (frente al 5,3% anterior), al 4,5% en 2013 (en lugar del 3%) y al 2,8% en 2014, frente al 2,2% previsto inicialmente.

El Gobierno ha insistido en que la relajación de Bruselas no obliga al país a poner en marcha más ajustes, pero lo cierto es que el Ejecutivo tiene que ajustar las cuentas para cumplir los nuevos objetivos.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo acudirá a la Cámara Baja un día después del Ecofín, la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE que se está celebrando este martes y en la que se discuten las recomendaciones que se han realizado a España.

Entre las sugerencias, que algunos cargos europeos llaman ya "obligaciones", se encuentra la reclamada subida de IVA, que el Gobierno parece dispuesto a aplicar a través de un cambio en las bases imponibles del impuesto.

Actualmente, el IVA tiene tres tipos impositivos: el 4% que grava los bienes de primera necesidad, el 8% que grava gran parte de los alimentos, la hostelería, el agua o los productos sanitarios, entre otras cosas, y el tipo general del 18% que se aplica por defecto cuando no se pueden aplicar las tasas reducidas.

La idea del Gobierno es pasar algunos productos que actualmente se gravan a la tasa superreducida a la reducida e incluso algunos que actualmente tributan al 8% al 18%, aunque no se ha concretado el cambio y parece que no afectaría al turismo.

Hay otra serie de recomendaciones fiscales que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a estudiar y que podría incluir en el nuevo ajuste, como la implantación del 'céntimo verde' sobre los hidrocarburos o la eliminación de la desgravación por la compra de vivienda habitual, recuperada por este mismo Gobierno hace apenas seis meses.

Por otro lado, el Gobierno está preparando una tasa a la generación de electricidad que también podría incluirse en este paquete de ajuste y que se aplicará en función de la facturación para acabar con el déficit de tarifa.

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, EN EL PUNTO DE MIRA

El paquete de ajustes también incluirá una ampliación de la jornada a los funcionarios e incluso podría incorporar desde una rebaja salarial vía supresión de la paga extra de Navidad u otros complementos, hasta la reducción de empleados públicos.

Fuentes de los representante de estos trabajadores temen ese recorte de complementos más que una rebaja de la base salarial y creen que la supresión de puestos podría ceñirse a los interinos laborales, especialmente de ámbito universitario, puesto que la reforma laboral ya deja la puerta abierta al futuro despido en goteo de empleados laborales.

Hasta ahora, el Gobierno no ha descartado una bajada de sueldos en lo público e incluso la presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, consideró que esta medida debería ir acompañada de la eliminación de puestos de trabajo en la Administración.

¿PRESTACIONES POR DESEMPLEO MÁS CORTAS?

Los desempleados también podrían ser objeto de los nuevos recortes. Las opciones que se barajan son una reducción de la duración de la prestación por desempleo, aunque desde el PP se ha apostado más por ligar obligatoriamente esta prestación con la formación, como se ha pedido desde la patronal, y por que se pierda en caso de rechazar un empleo.

Se trataría reforzar las condiciones de acceso a la prestación, ya que la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social no contempla hasta ahora la pérdida de la prestación hasta que el desempleado rechaza tres ofertas de empleo adecuadas a su perfil, para incentivar una búsqueda de empleo más intensa desde el primer día y evitar que muchos beneficiarios los vean como sueldo diferido.

OTRA VEZ LOS PENSIONISTAS.

Los pensionistas podrían ser otra vez parte uno de los colectivos afectados, en tanto que entre las recomendaciones de Bruselas se incluía el acelerar la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años. No obstante, desde el Ministerio de Empleo se sostiene que Bruselas ha accedido a que el Gobierno desarrolle otras alternativas en el ámbito de la jubilación parcial.

Otras posibilidades serían ir más allá de la reforma de las pensiones, que extendió el periodo de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años, y ampliarlo a toda la vida laboral; o congelar las pensiones, aunque el Gobierno ha cumplido hasta el momento su promesa de mantener el poder adquisitivo a los pensionistas al revalorizarlas un 1% en 2012.

30.000 MILLONES POR PRIVATIZACIONES

Por otro lado, el Gobierno podría sumar un plan de privatizaciones a las medidas para ingresar hasta 30.000 millones que no irían destinados a reducir el déficit, pero sí a amortizar parte de la deuda.

El plan afectará a empresas como Renfe, Aena, Puertos del Estado y Paradores, e incluirá privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las comunidades autónomas, como el Canal de Isabel II, de la Comunidad de Madrid.

3.500 MILLONES POR REFORMA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Asimismo, contempla diversas desinveriones en empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como IAG (compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways), Ebro Foods o Red Eléctrica de España (REE).

De la misma, realizará una reforma de la Administración local, con la que pretende ahorrar unos 3.500 millones. Con el cambio se eliminarán las competencias impropias, se clarificará el mapa competencial del país y se limitarán los sueldos de los alcaldes.