MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
Los técnicos de Hacienda consideran que el archivo de la causa abierta contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y a varios de sus familiares por presuntos delitos fiscales en el caso de las cuentas del HSBC en Suiza confirma el "trato de favor" recibido por los contribuyentes que figuraban en dichas listas.
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, afirmó en declaraciones a Europa Press que el auto emitido por el juez Fernando Andreu "confirma las denuncias de trato de favor" formuladas en julio de 2010, cuando se tuvo conocimiento de los 659 españoles con cuentas en Suiza, que habían eludido al fisco.
En este sentido, Mollinedo señaló que el procedimiento de actuación elegido por el entonces secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, fue "muy irregular respecto a las prácticas habituales que se aplican al resto de contribuyentes", al permitir declaraciones complementarias en lugar de abrir expediente de inspección.
"Lo más grave es que el procedimiento elegido por la Agencia Tributaria ha permitido que personas que defraudaron no hayan incurrido finalmente en delito alguno la haberles permitido las declaraciones voluntarias", apuntó el secretario de los técnicos de Hacienda.
Al respecto, el secretario general de Gestha explicó que del auto dictado por la Audiencia Nacional se desprende que el 24 de mayo de 2010 el Gobierno español ya tenía la información sobre las cuentas suizas del HSBC y no fue hasta el 21 de junio de 2010 cuando se enviaron los requerimientos. La prescripción finalizaba el 30 de junio de 2010.
"Esto provocó que los ingresos enviados por los propietarios de las cuentas no se hayan considerado como un atenuante ante la Justicia, sino que al ser declaraciones complementarias 'voluntarias' les eximen de cualquier pena administrativa o penal", explicó Mollinedo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha archivado la causa al aceptar la regularización de 200 millones de euros realizada de forma "voluntaria" por la familia Botín, y al ser "correcta y anterior a que la Agencia Tributaria incoara un procedimiento de inspección y verificación", según el auto.
Mollinedo añadió que del auto se desprende que los peritos de Hacienda "se han limitado a aceptar de forma pasiva" la documentación entregada por los defraudadores y el juez ha cerrado la causa "sin realizar ninguna indagación", ya que en el auto se especifica que ha sido "imposible" realizar la comprobación basándose en los soportes documentales.
En junio de 2011, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra la familia Botín ante la imposibilidad de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria de desentrañar la documentación entregada por los presuntos defraudadores.
La denuncia se hizo para comprobar la legalidad de la regularización presentada por los Botín respecto del IRPF de 2005 a 2008 y del Impuesto de Patrimonio de 2005 a 2007, por los activos de la herencia familiar en Suiza.