CGT considera que el nuevo sistema de guiado de aviones de Barajas "degrada la seguridad"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Nacional del Trabajo (CGT) ha denunciado que la implantación en el aeropuerto de Madrid-Barajas del nuevo sistema de guiado de aviones (SDP), que realizará personal ajeno al control del tráfico aéreo, degradará los niveles de seguridad actuales, no abaratará las tasas y generará más retrasos.

El próximo 24 de noviembre Aena tiene previsto subcontratar el Servicio de Dirección de Plataforma (SDP) en este aeropuerto "sin informar a la representación laboral y sindical y sin tener en cuenta los mínimos criterios de seguridad". Además, desde el sindicato califican de "espurio" el proceso de licitación a la compañía Ineco, que prestará el servicio.

Para CGT-Aena, este servicio debe prestarse "por los trabajadores de Aena", ya que "la seguridad no es un negocio y no puede estar en manos de empresas privadas sin experiencia cuyo único objetivo es lucrarse con una actividad que está ligada directamente con la seguridad aeroportuaria".

Sindicatos, asociaciones profesionales, pilotos y el comité de empresa de Aena en Barajas se han pronunciado en contra de la externalización de este servicio.

Esta nueva operatividad, que sustituye al actual servicio de control, consiste en proporcionar información a los pilotos de las aeronaves del camino a seguir dentro de un área determinada, concretamente en la nueva Terminal 4 Net.

Según CGT, las compañías que operan en esta terminal "pagarán lo mismo que antes, pero recibirán un servicio de información en lugar de control, y la responsabilidad de separarse y no colisionar con ningún obstáculo u otra aeronave recaerá únicamente en los propios pilotos".

Además, avisan de que el único aeropuerto de importancia en Europa que tiene este servicio implantado es Frankfurt, líder en retrasos, según afirman, y actualmente debatiendo la posibilidad de retomar el servicio de control para todos los movimientos en plataforma.

Asimismo, consideran que la implantación de este sistema es una decisión "política" impulsada desde el Ministerio de Fomento, relacionada con los acontecimientos de diciembre de 2010, cuando se produjo el cierre del espacio aéreo español tras el abandono, por parte de los controladores, de sus puestos.