MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para su debate en Pleno en la que pide al Gobierno que declare servicio público obligatorio por interés general todos los Cercanías que no hayan sido transferidos a las comunidades autónomas, así como todas las líneas que discurran por más de una región.
Según consta en la iniciativa, que recoge Europa Press, es necesario "consolidar un sistema ferroviario público y social que vertebre el territorio, tenga suficiente inversión pública, una adecuada planificación de servicios y frecuencias y un plan comercial que ponga en valor la rentabilidad social y ambiental de todas y cada una de las líneas de ferrocarril normal".
Para ello, la Izquierda Plural propone incluir todos los servicios de cercanías no transferidos a las comunidades entre los servicios ferroviarios clasificados de interés general y "declararlos de Obligación de Servicio Público con la suficiente compensación económica", así como garantizar que "todas y cada una de las líneas de ferrocarril normal que transitan por más de una comunidad autónoma sean declaradas servicio de interés público".
También exigen al Ejecutivo que en el primer periodo de sesiones de 2013 presente al Congreso un análisis detallado de la oferta ferroviaria para pasajeros y mercancías existente actualmente, así como un Plan de Mejora de la eficacia y eficiencia del sistema público ferroviario.
DERECHO COMUNITARIO
Según justifica la Izquierda Plural, el derecho comunitario restringe las ayudas públicas al sector ferroviario a los casos "estrictamente necesarios" para compensar los servicios deficitarios cuya continuidad esté justificada por razones de eficiencia energética, social, económica o medioambiental.
La normativa precisa que, "de manera prevalente", se garantizarán mediante Obligaciones de Servicio Público y compensación económica los servicios de cercanías no transferidos, los de media distancia de uso habitual y frecuente, esto es, que requieran su utilización por la ciudadanía en trayectos de ida y vuelta al menos cinco días a la semana; y aquéllos que discurran dentro de una comunidad autónoma y que ésta estime de interés público.