MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Comercio Justo ha dado a conocer este martes, Día Mundial de la Justicia Social, la iniciativa Símbolo de Pequeños Productores (SPP), una red que trabaja con 114 cooperativas de América del Sur, Asia y África para la producción y distribución de bienes diversos y que garantizando una remuneración justa a los productores impulsa el desarrollo y de más de 100.000 familias.
Lo han explicado en rueda de prensa en Madrid la portavoz de la Coordinadora española Mónica Gómez; el vicepresidente de SPP, Nelson Melo; y el director Ejecutivo de la organización, Jerónimo Prujin; quienes han incidido en que si bien son los gobiernos quienes deberían apoyar esta labor que repercute directamente en la vida de los ciudadanos, es el Tercer Sector quien acaba impulsando estas iniciativas.
Conforme ha señalado Prujin, se trata de "un sello que representa una alianza entre pequeños productores" y que "empuja su identidad y sus valores en el mercado" con el objetivo final de "fortalecer al pequeño productor frente a la competencia desleal y el intermediarismo excesivo de la empresa privada mundial" y con resultados que van más allá del sustento de las familias.
En este sentido, ha destacado que la clave está en que los productores han superado el concepto de beneficiarios y "son actores que toman las riendas de su propio desarrollo", lejos de "un modelo paternalista". Se articulan de forma horizontal, la toma de decisiones es democrática, incluso para establecer precios mínimos, y los beneficios repercuten en toda la comunidad.
Destaca, por ejemplo, que al fijar el precio mínimo de un producto se toman en cuenta no sólo los costes de producción directos del agricultor, sino otros factores que "el capitalismo deja fuera", como la labor no remunerada ni reconocida pero imprescindible de las mujeres que "se levantan a las cuatro de la mañana" para preparar la comida que el cafetalero se llevará ese día al campo.
Con ese sobreprecio hay familias que han podido abrir negocios, como una cafetería, que nutren con sus propios cultivos en pequeños huertos. Además, se apoyan otras iniciativas, como la inauguración de una universidad en el cauca colombiano que ofrezca alternativas reales a los jóvenes que en el camino del campo, abandonan la formación.
El cambio es aún mayor en términos de desarrollo comunitario, conforme ha destacado Melo. En esta misma región donde en breve se inaugurará el centro universitario Unicaminos, fueron once pequeños productores los que se aliaron para hacer frente a la presencia de la guerrilla y el cultivo masivo a su alrededor de hoja de coca y amapola.
"Ellos fueron el motor del cambio diciendo 'no' a la economía ilegal. Es una lucha social clara frente a lo que no debe ser", ha señalado el vicepresidente de SPP, quien ha expplicado que incluso llegaron a ser objetivo militar para las FARC y tuvieron que diseñar "estrategias de supervivencia" ante la amenaza. "La mayor fuerza ha sido aliándonos y mostrando lo que hacemos", ha añadido.
En total, el SPP manejó en 2016 un volumen de negocio en torno a los 12 millones de dólares en el mercado europeo --donde España aún tiene un peso testimonial-- y estadounidense, de los que el grueso procede de producciones en América Latina y Caribe. Ahora han comenzado a abrirse camino también en África, aunque las dificultades de coordinación ralentizan el proceso. Cuentan con 35 ONG que comercializan sus productos y 8 entidades que certifican su origen y trazabilidad.