El Congreso tiene un mes para plantear una batería de medidas contra la violencia de género

   MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

   La subcomisión creada en el Congreso de los Diputados para un Pacto de Estado contra la violencia de género termina este miércoles 17 de mayo la fase de comparecencia de expertos y, según han informado fuentes de este órgano a Europa Press, ahora tendrá un mes para entregar al Gobierno el informe que se le ha encargado sobre la situación del país en esta materia.

   Constituida el pasado mes de febrero, tras ser aprobada por unanimidad en el mes de noviembre, la subcomisión se ha reunido en 24 sesiones y ha escuchado a alrededor de 60 comparecientes de todos los ámbitos, convocados por los partidos presentes en la Cámara Baja, para tratar esta materia.

   Además, se ha llamado a una veintena de expertos relacionados con otras violencias que se recogen en el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres. Así, además de la violencia machista, se ha tratado la violencia sexual, la violencia de género en la inmigración --como matrimonios forzosos, mutilaciones genitales--, en la discapacidad y entre menores y adolescentes.

   Según el texto acordado por la Cámara para la creación de esta subcomisión, la información recogida durante esta fase de expertos deberá recogerse en un informe en el que se identifiquen y analicen "los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género" y en el que se propongan actuaciones "para dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales".

EL GOBIERNO TENDRÁ EL INFORME ANTES DE JULIO

   Para elaborar este documento, el texto exigía un periodo de cuatro meses desde su puesta en marcha, de manera que, tras las comparecencias, cuenta con un mes para terminarlo y entregárselo al Gobierno.

   Será el Ejecutivo quien, después, trabaje con esta información, junto a las comunidades autónomas, ayuntamientos y otros agentes implicados. Sin embargo, los partidos exigen que, aquellas medidas que supongan modificaciones legales sean remitidas a las Cortes Generales en un plazo máximo de seis meses, para su tramitación.