Actualizado 06/06/2018 18:59

Los 'deberes' que el sector de la discapacidad pone a Carmen Montón

Carmen Montón participa en el Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press
Europa Press

   MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) formula las demandas educativas y sociales más "apremiantes" del sector de la discapacidad para la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, a la que pide acabar con la "segregación" del alumnado con discapacidad en el sistema educativo ordinario y "consolidar" el Sistema de dependencia o crear un sistema sociosanitario "real".

   "El sistema educativo español viola los mandatos internacionales de derechos humanos --la semana pasada la ONU condenaba a nuestro país por esta situación-- al mantener estructuras educativas no inclusivas, especiales, en las que aparta a 40.000 estudiantes", sostiene el CERMI en un documento publicado con motivo del nuevo Gobierno.

   Por ello, recuerda que la solución a este asunto pasa por reformar la Ley educativa para terminar con la educación especial e instaurar un modelo educativo inclusivo, con apoyos efectivos.

   En cuestiones sanitarias, las "demandas básicas" al nuevo Gobierno son la reforma integral de la prestación ortorpotésica del Sistema Nacional de Salud --productos de apoyo y ayudas técnicas, como sillas de ruedas, andadores, audífonos o cojines antiescaras--, que "devuelven autonomía" a los pacientes que han perdido ciertas funcionalidades.

   El CERMI señala que esta prestación lleva 20 años sin actualizarse y está "completamente obsoleta", además de comportar un 'copago' "elevadísimo", que, a su juicio, "expulsa" a muchos pacientes del acceso a la misma. Asimismo, propone crear un espacio sociosanitario "real y efectivo", del que "nada se avanza".

   Respecto de las cuestiones estrictamente sociales, la petición "más urgente" es consolidar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que "correo grave peligro". Para el sector de la discapacidad, esto implica que las Cortes tramiten "sin más dilación" la Iniciativa Legislativa Popular contra el "copago confiscatorio", que lleva meses de retraso en el Congreso.