Los trabajadores sociales reivindican su "plena capacidad" para acreditar situaciones de violencia de género

   Defienden que conocen "de primera mano" la situación de las víctimas y celebran el decreto ley para ampliar los sistemas de acreditación

    MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

    El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ha celebrado que el Gobierno haya aprobado un decreto ley que amplia los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género al atribuir a los servicios sociales la posibilidad de hacerlo. Según el organismo, los profesionales del sector tienen "plena capacidad, cualificación y experiencia para emitir informes que acrediten si una mujer" está siendo víctima de violencia machista.

   "Las y los profesionales de Trabajo Social tienen las competencias necesarias como profesión integrada en todos los servicios de prevención, detección y atención", han señalado sobre esta medida que forma parte de las aprobadas el pasado 3 de agosto en Consejo de Ministros a través de un Real-decreto ley sobre medidas urgentes para la aplicación del Pacto de Estado.

   El decreto ley establece que serán válidos los informes de "los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente" para acceder a derechos y recursos en los casos en los que no hay denuncia. Hasta ahora, solo se aceptaban las resoluciones judiciales o un informe del Ministerio Fiscal.

   "Sabemos que el proceso de reconocerse víctima no es fácil, ni tampoco la salida de esta situación. En la mayoría de los casos las mujeres no se planean denunciar, a veces por ser esta una situación que puede agravar el riesgo si no se sienten suficientemente protegidas. En 2017, el 76,5% de las mujeres asesinadas no había denunciado", han destacado desde el Consejo General, que está formado por 36 colegios profesionales que representan a 40.000 trabajadoras y trabajadores sociales de todo el Estado.

   Asimismo, han apuntado que los servicios sociales y de atención "son uno de los primeros sistemas a los que una mujer acude en busca de ayuda, aunque no quiera denunciar". "De ahí la necesidad de ampliar, regular y homogeneizar los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia para que las víctimas puedan acceder a las ayudas a las que da derecho el título habilitante para poder salir de la violencia", ha subrayado la institución.

NI EXTRALIMITACIÓN NI INJERENCIA EN FUNCIONES

   De hecho, considera "injustificadas" las afirmaciones acerca de que la acreditación de las situaciones de violencia machista por parte de profesionales distintos a la judicatura suponga una "extralimitación" o "injerencia en su función". Según ha recalcado el Consejo General, "la coordinación y colaboración interdisciplinar con los profesionales jurídicos, psicológicos, con la policía y los Juzgados de Violencia sobre la mujer" ya se estableció en la ley 1/2004 de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género.

   "Las nuevas previsiones normativas y presupuestarias, añadidas a la experiencia adquirida, contribuirán, por el contrario, a mejorar nuestra profesionalidad en beneficio de la prevención y atención", sostienen desde el Consejo General del Trabajo Social, que ha reivindicado la "urgencia" de la puesta en marcha del Pacto de Estado "sin obstáculos ni cortapisas".

   El Consejo General y los Colegios Oficiales de Trabajo Social se han ofrecido para colaborar en el diseño y la elaboración de los procedimientos para la acreditación de estas situaciones. "Se debe contar con el trabajo social, que se encuentra, junto a otras profesiones en la primera línea de la intervención social y conoce por tanto de primera mano la situación", ha argumentado, aunque ha reclamado "más recursos financieros para articular una mayor dotación de personal en el sistema de servicios sociales municipales".

   Precisamente este jueves 29 de agosto, la ministra de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar la aprobación y desarrollo de este decreto ley, que ha recibido varias críticas por algunos grupos de la oposición que lo ven "inconstitucional".