Reuters

Pide que los niños no tengan que estar presentes en el juicio a sus agresores y que se acepten como prueba declaraciones grabadas

BRUSELAS, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea presentó hoy una propuesta legislativa para endurecer las penas por abusos sexuales a niños y pornografía infantil. Asimismo, plantea que los menores no tengan que estar presentes obligatoriamente en el juicio a sus agresores y que se acepten como prueba sus declaraciones grabadas en vídeo o por videoconferencia. El Ejecutivo comunitario quiere, además, reforzar la persecución del turismo sexual y mejorar la protección de las víctimas.

Entre el 10 y el 20 por ciento de los niños en Europa sufren abusos sexuales durante su infancia, según los estudios citados por el Ejecutivo comunitario, aunque se denucnia uno de cada cuatro casos. Además, se estima que una media de un 20 por ciento de los delincuentes sexuales reincide después de la condena. La Comisión resaltó también que todos los días se ponen en circulación 200 imágenes que contienen pornografía infantil.

"Abusar sexualmente de un menor significa someterlo a un delito horrendo que deja profundas cicatrices para toda su vida. Explotar sexualmente a un menor significa utilizarlo como objeto sexual y aprovecharse de su sufrimiento. Pornografía infantil significa imágenes de menores que sufren abusos sexuales. Descargar o contemplar pornografía infantil en Internet da lugar a la violación de más menores para producir esas imágenes", declaró la comisaria de Interior, Cecilia Malmström.

Para combatir mejor esta situación, el Ejecutivo comunitario propone en primer lugar un endurecimiento de las penas. Las penas mínimas (lo que significa que cada país es libre de imponer penas más duras) deberán estar entre uno y diez años de cárcel, dependiendo de la gravedad de los casos.

Además, la Comisión quiere que todos los Estados miembros tipifiquen como delito conductas como engañar a un niño a través de Internet para abusar sexualmente de él, ver pornografía infantil sin descargar ficheros u obligar a un menor a realizar actos sexuales delante de una webcam.

La nueva legislación facilitará que los turistas sexuales que viajan al extranjero sean procesados cuando vuelvan a su país. También serán perseguidos los que organicen este tipo de viajes.

Los Estados miembros deberán someter a los agresores sexuales a evaluaciones individuales para determinar su grado de peligrosidad y las posibilidades de reincidencia. También se les deberá prohibir ejercer actividades con niños, como las de pediatras, profesores o monitores, y la prohibición constará en su registro de antecedentes y se compartirá con el resto de países de la UE.

PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Por lo que se refiere a las víctimas, la nueva legislación prevé que los menores no tengan que estar presentes obligatoriamente en el juicio a sus agresores y que se acepten como prueba sus declaraciones grabadas en vídeo o por videoconferencia. El objetivo de esta medida es ahorrarles traumas adicionales. También se limitará el número de declaraciones que tengan que hacer a lo estrictamente necesario para poder castigar al agresor.

Finalmente, los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para bloquear el acceso desde su territorio a páginas de Internet que contengan o diseminen pornografía infantil.

La Comisión propuso también este lunes una norma para reforzar la lucha contra la trata de seres humanos, de las que son víctimas varios cientos de miles de personas al año en Europa. La nueva legislación endurece las penas (fija un mínimo de cinco años que se eleva a diez años en el caso de que concurran circunstancias agravantes) y garantiza que se juzgue a los delincuentes incluso cuando cometan los delitos en el extranjero.

Permitirá a la policía intervenir teléfonos, realizar escuchas y utilizar otros medios similares a los utilizados para luchar contra la delincuencia organizada. Las víctimas recibirán alojamiento, atención médica, protección policial y asistencia letrada gratuita.

La propuesta propugna sanciones contra los clientes de personas forzadas a ofrecer servicios sexuales si tenían conocimiento de que se hacía bajo coacción y contra los empleadores que se aprovechan de las víctimas de la trata.

Ambas propuestas fueron presentadas por el Ejecutivo comunitario por primera vez hace un año. Sin embargo, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que da poderes a la Eurocámara en esta materia, provocó que decayeran y por ello la Comisión ha debido plantearlas de nuevo. Ahora deben recibir el visto bueno tanto de los Veintisiete como del Parlamento.