Navarro afirma que, "incluso con sentencias en contra", la Junta no se desdice de sus actuaciones en protección de menores
SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
Más de 2.000 menores que se encuentran en estos momentos en centros protección de la Junta de Andalucía son susceptibles de ser acogidos por una familia, según informó hoy la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro.
Navarro, quien presentó hoy el estudio 'El acogimiento familiar en Andalucía', elaborado por la Universidad de Sevilla y la propia Consejería, insistió en que la fórmula del acogimiento familiar, una medida de protección alternativa a la institucionalización en un centro de protección, es el "mejor modelo" para que los menores declarados en desamparo crezcan en un ámbito "lo más parecido a la familia posible". La figura de la familia acogedora implica la asunción de todas las obligaciones derivadas de la guarda de un menor.
Según precisó, el 82 por ciento de los acogimientos familiares que existen en la actualidad se producen en el ámbito de la familia extensa --núcleo familiar, fundamentalmente abuelos--, algo "favorable" ya que, tal y como señaló, aunque los dispositivos de protección están atendidos por profesionales "totalmente preparados", este recurso es "limitado y no ofrecen una atención tan completa como se da en el ámbito familiar". En este sentido, valoró que el 37 por ciento de los menores empezó el acogimiento en su primer año de vida, la mayoría en familia extensa.
Además, el estudio recoge que más de la mitad de los menores del estudio --una muestra de 218--, tuvieron acogimientos previos anteriores (51,2%) y la mayor parte (72,5%) fueron víctimas de malos tratos con anterioridad al acogimiento.
Navarro insistió en que "jamás" se retira a un menor de su familia biológica por razones "estrictamente económicas" y apuntó que cuando su familia extensa no puede hacerse cargo del mismo por dificultades económicas la Administración pone a sus disposición ayudas para su manutención, además de orientación y asesoramiento por parte de equipos profesionales. Concretamente, en 2008, cuando se acogieron 4.300 menores por parte de familias andaluzas, la Junta destinó a esta partida más de cinco millones de euros.
Concretamente, apuntó que en los últimos años ha crecido hasta el 50 por ciento el número de acogimientos familiares remunerados e insistió en que la intención es que el cien por cien de los mismos cuente con una ayuda económica por parte de la Administración, aunque "siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y evitando que éste se convierta en el medio para solventar la difícil situación económica de la familia acogedora".
EXCLUSIÓN SOCIAL
También destacó que la declaración de desamparo no siempre se vincula a familias en riesgo de exclusión social, sino que ésta se produce cuando "existe un déficit de cariño y cobertura de las necesidades básicas de los menores, que principalmente tienen que ver con la atención y el cuidado directo", subrayando que hay otros tipos de perfiles de familias "perfectamente estructuradas y normalizadas a las que la Administración retira a sus hijos menores por diferentes circunstancias".
De este modo, la titular del ramo defendió que la protección de menores es uno de los asuntos más "complejos y delicados" de los que gestiona su departamento porque "hay que trasladar una sensación de seguridad sobre la decisión adoptada sobre el menor en desamparo".
"Hay ocasiones en las que no se entienden determinadas actuaciones de la Junta en cuanto a protección de menores, pero sería peor si, por dejar de actuar, se dieran situaciones irreversibles, por lo que es preferible actuar desde la prevención", afirmó, haciendo hincapié en que, exceptuando las situaciones de urgencia, la declaración de desamparo se realiza "después de meses e incluso años trabajando con la familia y los menores".
Por ello, mostró su "total apoyo" a los profesionales que trabajan en el sistema de protección de menores, indicando que "aunque todos podemos equivocarnos alguna vez, se puede garantizar que cualquier decisión sobre menores no se va a tomar de manera precipitada o atendiendo a cualquier circunstancia que no sea el interés superior del menor".
Así, aseguró que, aún en casos con sentencias que corrigen a la Administración, cuando se repasa el informe de la trayectoria del menor "tenemos la certidumbre de que si volviera a repetirse la situación actuaríamos en el mismo sentido".
MÁS DE 6.000 FAMILIAS ACOGEDORAS
Según precisó, más de 6.000 familias andaluzas acogen en estos momentos a menores desamparados, dándose la circunstancia de que, en algunos casos, han llegado a acoger hasta a 18 niños, ya que la fórmula del acogimiento "no conlleva ningún tipo de derecho y no siempre significa una retribución económica", sino que se efectúa hasta que se resuelve su situación, vuelven con su familia biológica o son dados en adopción.
Además, recordó que "no basta con la buena voluntad para ser familia acogedora", sino que para constituirse como tal éstas tienen que pasar por un proceso de análisis de idoneidad y posterior seguimiento que contemple las circunstancias del menor, garantizando su estabilidad con la nueva familia y que no vuelva a repetirse la situación por la cual fue declarado en desamparo.
En cuanto al perfil de las personas acogedoras, el libro sitúa la edad en torno a los 49 años, aunque hay un 23 por ciento en la modalidad de familia extensa que tienen por encima de los 62 años. En su mayoría, son matrimonios y el nivel educativo es variable: bajo en familia extensa, medio-alto en la ajena y medio-bajo en la de urgencia --familias dispuesta a acoger en cualquier momento a un menor de 0 a 7 años en circunstancias de urgencia--.
Por otro lado, la consejera aseguró que en materia de acogimiento familiar "no se ha notado el efecto de la crisis económica", pues, las familias que disfrutaban de una remuneración económica para facilitar el sostenimiento del menor lo siguen teniendo y aquellas que lo hacían de manera altruista igualmente siguen estando disponibles.
El presupuesto de la Consejería para subvencionar a las Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar es de 3,7 millones de euros para 2009, dándose un incremento del 68 por ciento de la partida destinada a tal fin en los dos últimos años, lo que ha posibilitado la implantación del acogimiento de urgencia en toda Andalucía y la creación del programa de apoyo de acompañamiento a las familias extensas andaluzas.