Actualizado 28/10/2011 19:51

Cerca de un tercio de los inmigrantes con orden de expulsión en vigor el año pasado fueron deportados a sus países

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 79.699 inmigrantes se vieron afectados el año pasado por una orden de expulsión y de ellos, el 28,9 por ciento (22.921) fueron finalmente deportados a sus países de origen, según datos de los ministerios de Interior y de Trabajo e Inmigración recogidos por Europa Press.

Los mismos datos revelan que España organizó el año pasado cinco vuelos de repatriación para deportar a 308 inmigrantes a Colombia, Ecuador, Georgia y Ucrania, en colaboración con la Agencia de Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (FRONTEX). Asimismo, participó en la puesta en marcha de otros cinco vuelos.

En materia internacional, España también colaboró en noviembre y diciembre de 2010 en el primer dispositivo RABIT, que incluyó las operaciones 'Poseidón' y 'Attica', diseñadas para apoyar a Grecia en el control de las fronteras terrestres para responder a una mayor presión migratoria procedente de Turquía. El dispositivo se prolongó hasta marzo de 2011 y España siguió colaborando.

En cuanto a las fronteras españolas, las fuerzas y cuerpos de seguridad denegaron la entrada a 290.088 inmigrantes a lo largo del año pasado, la mayoría de ellos (281.751) en las fronteras terrestres, 231 personas en las costas y 8.106, en los aeropuertos.

Del total de denegaciones de entrada en el país, en 1.096 casos se rechazó con una resolución motivada mientras que a 280.635 personas "no se les permitió la entrada y no se les entregó la resolución de denegación por escrito", conforme los datos de Interior.

Por otra parte, el anuario recoge cifras de solicitudes de asilo correspondientes a los nueve primeros meses de 2010. En ese tiempo, 2.240 personas solicitaron protección internacional a España y, en primera instancia, 1.600 recibieron un no por respuesta.

Se aceptaron 405 solicitudes, de las que 185 fueron concesiones de asilo en virtud del Convenio de Ginebra, 215 eran declaraciones de protección subsidiaria y cinco, permisos de residencia por razones humanitarias. En este plazo no se produjo ningún reasentamiento en España de refugiados instalados en terceros países.

En cuanto a la lucha contra redes criminales, en 2010 un total de 71.452 extranjeros fueron aprehendidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad; 1.631 personas acabaron arrestadas o incursas en procedimientos penales y 37 víctimas extranjeras de trata de personas con fines de explotación que se encontraban en situación irregular recibieron un permiso de residencia en España por circunstancias excepcionales.