El Frontex, la gestión diplomática y las repatriaciones, claves del desplome en la llegada de cayucos a Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 May. (EUROPA PRESS) -

El despliegue del Frontex, la gestión diplomática en los países de origen y la política de repatriaciones, al margen de la crisis económica, son las claves del descenso en la llegada de pateras y cayucos al archipiélago canario según el inspector jefe de la Policía Nacional y jefe de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif).

Martínez indica en 'Escaño Policial', publicación editada por la Confederación Española de Policía (CEP) y recogida por 'Europa Press', que "al margen de la crisis económica que sufre España, con clara incidencia en la pérdida de expectativas de mejora para el inmigrante, son múltiples los factores que han influido en el descenso en la llegada de inmigrantes a las costas de Canarias". Aquí destaca el despliegue de medios aéreos y marítimos en las aguas del Atlántico con la aplicación de la Operación Frontex.

A esto Martínez suma la gestión diplomática que ha permitido entre otras acciones el despliegue de agregados de Interior en casi todos los países generadores de flujos de inmigración irregular. Indica que ayuda al intercambio de información. Por último señala las repatriaciones. Asegura que "se han devuelto más del 59 por ciento de las entradas irregulares".

El jefe de la Ucrif se detiene en la colaboración con Senegal. "La puesta en escena de un equipo mixto radicado en Nouadhibou formado por policías mauritanos y españoles que comparten una oficina común y luchan conjuntamente contra los traficantes asentados en aquella ciudad ha permitido varias operaciones", añadió.

A su juicio, lo sucedido en Canarias en los últimos años es "hecho histórico sin precedentes". Recuerda que el 28 de agosto de 1994 arribó en Las Salinas del Carmen (Fuerteventura) la primera patera llegada a Canarias tras cubrir una travesía de 96 kilómetros. A bordo llegaron dos marroquíes de 24 y 22 años, puntualiza para relatar que "a partir de ese momento el número de pateras llegadas al archipiélago fue en progresivo aumento".

En este punto, señala que en 2000 se incorporaron a los saharauis y marroquíes que llegaban en pateras, menores y mujeres subsaharianas embarazadas, "conocedoras" que su situación impediría su repatriación. Continúa indicando que en 2005 se abren nuevas rutas hacia las islas más occidentales y detalla que los cayucos incorporan sistemas GPS para llegar a Tenerife o Gran Canaria. Matiza que los puntos de partida se desplazan "desde Marruecos a Mauritania, Senegal y Gambia".

Martínez relata que la "explosión" de llegadas se produjo a continuación y así en 2006 arribaron a la provincia de Santa Cruz de Tenerife 23.304 inmigrantes en 302 cayucos. "Puntualmente se gestionó el control de más de 7.000 personas al mismo tiempo en distintos centros de la provincia", señaló para apuntar que hubo que buscar intérpretes y por ejemplo gestionar también muchas visitas institucionales a los centros de internamiento habilitados.

"A Canarias llegaron ese año 32.063 inmigrantes subsaharianos", dijo para apuntar que los países emisores fueron Senegal con más de 16.000; de Gambia 3.600; de Malí 3.400; de Costa de Marfil 1.600; de Marruecos 1.200; y de Guinea Bissau 950. Continuó Martínez planteando que en el mes de septiembre de 2009 llegó el último cayuco. Así se sumaron más de 38.891 personas en 524 cayucos y tres barcos --en los que viajaban paquistaníes, chinos e hindúes--.

"El hacinamiento, inmovilidad, frío y deshidratación en una travesía que puede durar hasta diez días dispara la s asistencias sanitarias", no se olvidó de recordar el inspector jefe de la Ucrif que también planteó que el trabajo de la Policía Nacional comienza con la separación de los menores una vez llegada la embarcación, pues estos no se trasladan a los centros de internamiento.

Por último, Martínez informó de que en este periodo se detuvo a 271 patrones de patrones, que ingresaron en prisión. Según los datos que aporta la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha celebrado unas 130 vistas orales y todos fueron condenados con penas entre 3 y 6 años.