Médicos del Mundo dice que vetar acceso sanitario a inmigrantes irregulares no ahorrará costes pues saturará urgencias

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Médicos del Mundo, que atendió a más de 19.000 personas inmigrantes el año pasado, ve "injusto" el Decreto Ley de medidas urgentes publicado este martes en el B.O.E. que dejará a los inmigrantes en situación irregular en España sin acceso al sistema sanitario, y considera que "no va a suponer un ahorro de costes al incrementarse el uso de los servicios de urgencias". Por ello, pide al personal sanitario que solicite al Gobierno la retirada de la medida.

El presidente de la organización en España, Álvaro González, ha indicado que la reforma es "contraria a una política de salud pública" pues el acceso a la atención primaria "reduce la morbilidad y, para ciertas patologías, la prevención y el diagnóstico temprano son más eficientes y tienen menos coste que los tratamientos curativos".

Además, ha indicado que las personas inmigrantes "no viajan a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria" pues, según el segundo informe del Observatorio europeo elaborado por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, "sólo el 4 por ciento de los encuestados citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a emigrar a España". "Es rotundamente falso que la sanidad genere un efecto llamada", ha afirmado.

Asimismo, ha remarcado que las personas inmigrantes utilizan "menos" los servicios sanitarios que la población española como muestran informes como el elaborado por médicos de Atención Primaria de Zaragoza en el que se analizaron más de cinco millones de visitas de una población de 473.523 personas (el 11,17% inmigrantes). Según este análisis, los inmigrantes adultos fuero 4,2 veces al médico por las 6,7 de los españoles.

En esta misma línea, la Federación Estatal de SOS Racismo ha advertido de que retirar la cobertura sanitaria actual a los extranjeros en situación irregular empadronados en España es "una medida inconstitucional" que "dejará un rastro de excusión social y conflictividad que terminará mojando a todos".

Para esta ONG, esta medida supone además, "un grave retroceso en la conquista de derechos sociales" de este colectivo que coloca al Gobierno de España en "la ola de otros países europeos de populismo y racismo institucional".

"La crisis económica, a pesar de su crudeza, no puede ser excusa para vaciar de derechos a las personas migrantes con lo que ello conlleva de fractura en los principios de universalidad e igualdad que deben presidir el acceso a derechos fundamentales, como el del acceso a la sanidad", afirman.

"INJUSTIFICADA, INEFICAZ E INSOLIDARIA"

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) considera "injustificada, ineficaz e insolidaria" decreto y opina que una reforma así "sólo aumentará la desprotección de los colectivos más vulnerables y contribuirá a fomentar el rechazo de la población a las personas inmigrantes y refugiadas".

Además, ha recordado que esta medida "perjudicará principalmente a las personas extranjeras más vulnerables" y que "muchas" de ellas se encuentran sin permiso de residencia "tras muchos años trabajando y cotizando en España" porque, al quedar en paro con la crisis económica, no lo han podido renovar.

Además, la organización sostiene que "los casos de 'turismo solidario' planteados por la ministra se dan fundamentalmente entre población de origen europeo, siendo excepcionales entre las personas extranjeras no comunitarias, precisamente entre las que se encuentran los colectivos de personas inmigrantes más vulnerables", que son los que verán restringido su derecho.

Según establece el Real-Decreto sobre medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que publica este martes el B.O.E., todos los inmigrantes en situación irregular en España se quedarán sin tarjeta sanitaria el próximo 31 de agosto, cuando sólo accederán a la atención "de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica". Quedan fuera de esta medida los menores de 18 años y las embarazadas durante la gestación, el parto y el posparto.