Unos 250 ancianos de residencias privadas dejarán de cobrar una ayuda temporal del Gobierno catalán

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 250 ancianos catalanes residentes en geriátricos privados dejarán de cobrar a partir del 30 del noviembre la prestación de cuidador no profesional que el Gobierno catalán conservaba a los mayores hasta la resolución de la prestación económica vinculada (PEV), cuyos trámites iniciales de petición han sido suspendidos 'sine die', han señalado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat.

Hasta ahora el departamento que lidera Neus Munté había conservado la ayuda que perciben estos ancianos durante los meses que supone el trámite para empezar a cobrar una prestación económica vinculada (PEV), tras su incorporación a una residencia privada.

Se les mantenía esta ayuda, menor a la de la PEV, pero desde verano la Generalitat ha suspendido de forma temporal indefinida las nuevas peticiones para obtener esta prestación.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña ha sido el encargado de alertar sobre esta medida que, a su juicio, empujará a situaciones de "mayor vulnerabilidad y desamparo", y ha cargado contra un debilitamiento del Estado del Bienestar.

Sobre la reducción de las ratios de trabajadores en las residencias geriátricas ha lamentado que supone una amenaza para la calidad asistencial y una precarización de las condiciones laborales de los empleados.

"DEBILITAMIENTO" DEL BIENESTAR

Las últimas decisiones tomadas por el Gobierno catalán en relación a la Ley de dependencia son "un paso más en el debilitamiento del sistema de protección y la precarización del mercado laboral", han indicado los trabajadores sociales.

El colegio ha advertido de que la suspensión indefinida de las PEV supone un "incumplimiento" de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Lapad), puesto que esta ayuda continúa vigente como derecho subjetivo reconocido por ley.

Ha criticado el "deterioro del sistema de atención a la dependencia", y ha exigido el cumplimiento de las leyes y la reactiviación de la concesión del PEV lo antes posible y con efectos retroactivos, lo que han trasladado al Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares para que estudie la medida y emita un dictamen.

"Ante las difíciles situaciones que vivimos y el sufrimiento de las personas y familias que constatamos en nuestro trabajo cotidiano, no podemos restar impasibles", ha sostenido el colegio al agregar que quieren acompañarlas en la reclamación de sus derechos.