Arbitrariedad, irregularidades e inseguridad: CEAR denuncia el "muro invisible" después de la patera

EUROPA PRESS

   MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado este martes un informe fruto de una investigación de campo que evidencia el "muro invisible" con el que se topan quienes consiguen llegar con vida en pateras a la Frontera Sur, una 'pared' de arbitrariedad, irregularidades, inseguridad jurídica y falta de garantías levantada hasta conseguir que el destino de una persona que alcanza la costa española sea "una lotería" y dependa no del Estado de Derecho, sino de la voluntad de quien esté al mando en cada momento.

   Así lo han desgranado en rueda de prensa la secretaria General de CEAR, Estrella Galán; su directora de Políticas y Campañas, Paloma Favieres; y la activista de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Khadija Ainani; concernida por el incremento de llegadas de ciudadanos marroquíes o salidos de Marruecos que está experimentando la costa española en los últimos meses espoleado por la represión de las revueltas en el Riff, la negociación de acuerdos comerciales entre el Reino Alauí y la Unión Europea y el cambio de las rutas migratorias.

   El informe detalla que una vez llegan a puerto los migrantes rescatados por Salvamento Marítimo, --que recogió a 17.395 personas en aguas andaluzas y a otras 2.720 al Este del Mediterráneo y que "no reporta" las vidas que se pierden durante las tareas de socorro--, son sometidos a un triaje sanitario por Cruz Roja y después, puestos a disposición de las fuerzas de seguridad, que les detienen durante un máximo de 72 horas.

"INSTALACIONES INSALUBRES"

   CEAR encuentra aquí una de las primeras 'piedras' de ese "muro": No hay instalaciones adecuadas para ellos y depende del puerto al que arriben, pueden acabar como en Málaga, en "una carpa que se monta y se desmonta" porque no se permite un puesto fijo; o como en Motril, en una antigua lonja de pescado "con el hedor de aguas residuales" primero y en unos calabozos "insalubres" después. Favieres resume la situación al afirmar que "los centros donde les detiene la policía no son compatibles con un Estado de Derecho".

   En este punto, en palabras de Galán, "no se está garantizando la asistencia jurídica" de estas personas pues, de nuevo, "depende del sitio al que lleguen se presta de una manera diferente". Favieres dice que a excepción de Málaga, que tiene un turno de oficio organizado para esto, en el resto de los puntos de desembarque los migrantes no ven a un abogado hasta que no se ha incoado ya el proceso (sancionador) de devolución, así que no tienen oportunidad de preparar su declaración inicial ni de conocer sus derechos y opciones.

   De hecho, CEAR denuncia que "la Policía Nacional no está autorizando al ACNUR a entregar el folleto informativo sobre protección internacional a las personas que llegan" con un objetivo "absolutamente disuasorio" a juicio de Favieres. En su opinión, es esta falta de información y de acceso a un abogado lo que explica las bajas cifras de solicitudes de asilo que registra España en este momento inicial de llegada de migrantes. "Esto evidencia que tenemos un problema en el acceso al procedimiento", apunta.

   La experta señala que una vez bajo detención y ante "graves obstáculos para una asistencia jurídica de calidad", se dan más irregularidades, como la falta de intérpretes en el idioma que hablan los recién llegados que en ocasiones se suple con otros pasajeros de la patera haciendo de traductores para sus compañeros, "con el riesgo que esto tiene en situaciones por ejemplo de trata con fines de explotación".

"INTERNAMIENTO COLECTIVO"

   Cuando se trata de la decisión judicial sobre estas personas, Favieres apunta que falta formación, pues "en algunos casos las entrevistas son colectivas e incluso en Motril los autos de internamiento son colectivos". Incide en que el internamiento "debe ser la última medida", pues el sistema tiene "alternativas" de acogida para estas personas y dice que "sin embargo, es adoptada sistemáticamente por los jueces" que firman incluso "autos tipo" para ordenar el ingreso en el CIE.

   Esta "sistematización" explica según CEAR que se produzca la detención de mujeres "incluso algunas embarazadas", de menores de edad y de personas vulnerables o necesidades de protección, que pueden acabar en un CIE porque se dan "carencias en la identificación" de los perfiles y la casuística no sale a la luz hasta que no intervienen las ONG que visitan estos centros.

   Tampoco en esto hay homogeneidad: "Es difícil seguirle la pista a cada una de las actuaciones. En el mismo sitio, con la misma nacionalidad y la misma situación administrativa se dan distintas decisiones", señala la letrada, quien refiere casos como el de las seis costamarfileñas que han pasado 58 días en el CIE de Aluche o el uso de la cárcel de Archidona (Málaga) para internar a migrantes a su llegada, como muestra de "improvisación" y de que "se toman decisiones ad hoc" por falta de protocolos.

SE TRIPLICA LA LLEGADA DE MIGRANTES

   "La decisión queda en manos del responsable de turno de la Administración General del Estado que ese momento está al frente de la toma de decisiones. Esto genera una gran inseguridad jurídica en estas personas que no es de recibo", ha añadido Estrella Galán, quien ha ofrecido las cifras de llegadas a España para ilustrar la necesidad de esos protocolos que darían la homogeneidad y las garantías necesarias a todo el proceso de recepción de migrantes, que siguen llegando.

   En este sentido, ha recordado con datos del ACNUR que en 2017 España experimentó un nuevo récord: Las llegadas subieron un 165% respecto de 2016, con más de 22.100 personas arribadas a las costas, el 13% del total de quienes alcanzaron la UE por estas vías en el mismo periodo, y más de 6.800 entradas 'irregulares' por Ceuta y Melilla. Además, 223 con datos de la Organización Internacional de las Migraciones, murieron o desaparecieron en el intento.

   Entre los factores que CEAR señala como origen de este incremento de los flujos, destaca "la situación cada vez más crítica" en Marruecos. Por un lado, por el desmantelamiento de campamentos donde vive población subsahariana desplazada "que tal vez no tenía previsto un cruce de fronteras" inmediato y que se ve forzada a hacerlo. Por otro, por las protestas en el Riff, que se iniciaron en 2016 y que según Khadija Ainani, se saldaron con la detención de 1.400 personas de las que más de 400 siguen en prisión.

   "Nosotros pedimos que Marruecos no sea considerado país seguro", ha señalado la activista, tras destacar que allí no se respetan los derechos fundamentales de la población migrante pero tampoco los de la población local, pues se persiguen libertades básicas como la de reunión, asociación, expresión, orientación sexual o culto. Según ha dicho, las fuerzas policiales marroquíes habrían impedido la salida desde el Riff de hasta 2.225 personas el año pasado, pero se calculan en miles quienes ya lo habrían abandonado.

   Por otra parte, CEAR señala el impacto de los cambios en las rutas migratorias. El acuerdo con Turquía redujo el año pasado un 83% las llegadas a Grecia y los pactos de Italia con Libia invirtiendo en sus 'guardacostas' redujo sus flujos un 34%. Mientras, sube la llegada a España y aparecen nuevas rutas, como la de Larache y Asilah (Marruecos) hasta Barbate con barcos de madera a motor y varias horas en el Atlántico a mar abierto. A Cádiz llegaron por esta vía, en motos de agua o en barcas de juguete 6.691 personas en 2017.

   Persisten otros caminos, conforme ha explicado Galán. Destaca las rutas de Nador a Almería (5.680 llegadas) en neumáticas a motor; del área de la frontera entre Marruecos y Argelia hasta Motril (3.833 llegadas), de Tánger a Málaga, que es la más utilizada por los subsaharianos (2.300 llegadas) y de Argelia a Murcia (1.717 llegadas), sobre todo a finales de 2017.