MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, avisa de que la situación en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio es "insostenible" porque tiene más de 40.000 nuevas solicitudes de protección internacional presentadas en 2017 y más de 30.000 pendientes de resolver de años anteriores.
"La demora en la tramitación de estas solicitudes afecta a la credibilidad de nuestro sistema de protección internacional", señala el informe anual recogido por Europa Press, que afirma que el año pasado el Defensor del Pueblo recibió 997 quejas de ciudadanos por asuntos relacionados con migraciones. En este área se abrieron 11 actuaciones de oficio y una solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional.
Para el Defensor del Pueblo, el sistema de acogida para los solicitantes de protección internacional "no ha sido capaz de planificar las medidas de choque necesarias ante el aumento exponencial de solicitudes en un período corto de tiempo". Esta falta de previsión, según la institución, provoca que un número "cada vez más numeroso de personas con necesidades de protección internacional no vean atendidas sus necesidades".
También tacha de "incomprensible" la demora que existe en la publicación del Reglamento de Asilo que "acumula ya nueve años". Este retraso "afecta gravemente a las personas solicitantes de protección internacional en cuestiones tan importantes como la reagrupación familiar", según añade el Defensor del Pueblo en su documento.
Asimismo, a pesar de la creación de la Comisión Interministerial para la Crisis de los Refugiados por parte del Ejecutivo en el año 2015, el departamento liderado por Fernandez Marugán ve "carencias de coordinación" que requieren de "una revisión orgánica y funcional profunda para dotar de mayor eficacia a la gestión del servicio público".
La institución reivindica "una política migratoria que contemple todo el fenómeno en su totalidad" y aboga por crear "un modelo de integración avanzada" entre los distintos organismos involucrados. En este sentido, aconseja la creación de un fondo presupuestario de dotación mixta (estatal y autonómica) que baraje un refuerzo financiero de las comunidades en las que se registre una mayor presencia de personas extranjeras.
"INTERMINABLES DEMORAS" EN LA TRAMITACIÓN DE NACIONALIDAD
Por otra parte, el Defensor del Pueblo denuncia las "interminables demoras" en la tramitación de los expedientes de nacionalidad ", pese a que reconoce "el esfuerzo" de la resolución de más de 700.000 expedientes desde que entró en vigor el Plan Intensivo de Nacionalidad en el año 2012.
Ante esta "demora estructural que padece el sistema por el que se tramitan las solicitudes de nacionalidad española por residencia", la institución avisa de que "quizás" ha llegado el momento de "explorar otras formas de actuación que redunden en la reducción" del retraso que, "con carácter general, han de soportar los ciudadanos extranjeros que tras largos años de residencia" en España.
Respecto a los extranjeros en situación documental irregular, y recordando que casi 29.000 personas fueron interceptadas intentando acceder irregularmente a España durante 2017, el Defensor del Pueblo pide "aprender de los errores cometidos y planificar de una forma ordenada" la atención a estas personas.