Proactiva Open Arms pide en Bruselas que no se criminalice a las organizaciones de rescate en el Mediterráneo

PRO ACTIVA OPEN ARMS - Archivo

El director de la ONG española se reúne con la Comisión Europea y eurodiputados

BRUSELAS 27 (EUROPA PRESS)

El director de la ONG Proactiva Open Arms, Oscar Camps, ha pedido este martes en la Eurocámara que "se deje de criminalizar a las organizaciones que salvan vidas en el Mediterráneo" a la vez que ha alertado de la "preocupante" situación actual en la que tan solo trabaja una embarcación de rescate en el área marítima que separa Libia de Sicilia frente a los 11 barcos que había en 2016.

"Hay que reconocer que tenemos un agujero negro de 350.000 kilómetros cuadrados, el cual los barcos de Frontex no son capaces de controlar. Si las ONG son expulsadas de la zona, crean una situación en la que no hay suficiente capacidad para el rescate de personas", ha afirmado Camps.

El director de la ONG española ha denunciado que los guardacostas libios "cada vez intervienen más lejos de su costa" y "amenazan de muerte" a su tripulación, con el beneplácito de Italia y la Unión Europea a pesar de que la Organización Marítima Internacional rechazó el establecimiento de una zona SAR (Search and Rescue) en Libia por considerarse un país no seguro para los migrantes.

"Todo esto viene de una campaña que se inició en 2016 y busca desacreditar a las ONG de salvamento. Hemos ido retrocediendo por la fuerza, primero fueron las campañas mediáticas en nuestra contra y ahora la fuerza militar", ha dicho el líder de la organización de Badalona (Barcelona) en rueda de prensa en el Parlamento Europeo.

"Afrontamos penas de hasta 15 años de prisión e indemnizaciones millonarias" por "salvar vidas humanas", ha recordado el director de Proactiva Open Arms, cuyo barco insignia permanece retenido en el puerto siciliano de Pozzallo a petición del fiscal de Catania. El juez italiano que lleva el caso tiene de plazo hasta este miércoles para pronunciarse sobre la acusación pública.

La tripulación de Proactiva Open Arms está acusada de "favorecer la inmigración ilegal" tras una operación de rescate de más de 200 personas el pasado 15 de marzo, en la que las autoridades italianas solicitaron primero a la ONG que se ocupase del naufragio y después les aseguraron que "los guardacostas libios se harían cargo". A su llegada, les amenazaron de muerte si no entregaban a "mujeres y niños" aunque finamente decidieron irse.

"Italia nos pidió que devolviéramos a estas personas a los libios, no por escrito sino por radio, esto hubiera sido una devolución en caliente, al tratarse de un barco español en aguas internacionales", ha asegurado el catalán, que también ha recordado que actualmente en Libia "no se respetan los derechos humanos".

Asimismo, Camps ha incidido en que el código de conducta italiano firmado por Proactiva y el resto de organizaciones que trabajan en la zona es un "contrato no vinculante que no está por encima del derecho marítimo internacional" que establece la obligación de atender un naufragio.

"En ningún momento entramos a valorar si estas personas son solicitantes de asilo sino vidas en peligro, una vez en tierra ya se ocupan las organizaciones" de decidir si tienen derecho a asilo o si necesitan asistencia médica, ha asegurado Camps.

En su viaje a Bruselas, el director de Proactiva ha asistido a la comparecencia del director ejecutivo de la agencia europea Frontex, Fabrice Leggeri, en la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara, quien ha cerrado filas con Italia y ha defendido el cumplimiento del código de conducta.

Además, tiene previsto reunirse con la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea para que "elabore una propuesta que traslade el protocolo de la ONU (sobre tráfico de personas) y obligue a los Estados miembros a que cumplan con éste", según ha asegurado el eurodiputado del grupo de los Verdes Ernest Urtasun en el mismo encuentro con periodistas. Por último, Camps mantendrá una reunión con eurodiputados de varios grupos políticos.