Geólogos advierten a los gestores públicos de que las construcciones sin mapa de riesgos puede llevarles a prisión

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) ha advertido a los responsables de las administraciones públicas de que permitir actuaciones urbanísticas sin mapa de riesgos puede tener consecuencias jurídicas de carácter civil y penal.

Así, tras las sentencia en Italia por las posibles responsabilidades públicas en el terremoto de L'Aquila (Italia), que condena a altos cargos de institutos científicos, los geólogos subrayan que la actual Ley del Suelo Estatal, de 20 de junio de 2008, pone el foco en los riesgos naturales, cuya mala gestión tendrá consecuencias jurídicas.

Por este motivo, insiste en que las actuaciones urbanísticas sin mapas de riesgos, o muy defectuosos, podrían suponer penas civiles e incluso penales para los gestores públicos de las actuaciones urbanísticas.

Además, el colegio profesional subraya en que el artículo 15 de dicha Ley establece que el informe de sostenibilidad ambiental de actuaciones de urbanización "deberá incluir un mapa de riesgos naturales" y, que si se producen daños personales o materiales causados por desastres naturales, los gestores públicos de las administraciones locales y autonómicas podrían tener responsabilidad civil e incluso penal.

La sentencia final del caso L'Aquila, a la que ha tenido acceso el ICOG, condena a los miembros de la Comisión de Grandes Riesgos en Italia por no recomendar a la población evacuar sus casas ante el riesgo de terremoto. En ese sentido, la Comisión es culpable por no haber cumplido su propia finalidad institucional de evaluar riesgos y establecer medidas de seguridad.

Pese a que los miembros de esta comisión eran científicos, en este caso actuaban como responsables de los altos institutos vulcanológicos, geofísicos y de protección civil de Italia. De la sentencia se deduce que los altos responsables de estas instituciones públicas fueron enviados por altos responsables del Gobierno Italiano para emitir un veredicto rápido que calmara a la población ante la repetición de terremotos diarios, dictamen que se realizó sin poder llevar a cabo un estudio detallado de la situación.