MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) considera una "barbaridad" que se esté expulsando a inmigrantes de forma ilegal mediante una puerta trasera de la valla fronteriza en Melilla, porque además de vulnerar la legislación interna y todo tipo de acuerdos internacionales, conculca el derecho de asilo al que seguro podrían acogerse si no todos, muchos de los afectados.
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la Subcomisión de Extranjería del CGAE, Francisco Solans, para quien "la primera y más grave de las muchas consecuencias" que tiene expulsar a estas personas omitiendo el procedimiento legalmente establecido "es el incumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el Derecho de asilo", así como la Constitución Española, que lo recoge.
"Entre todas esas personas que son expulsadas en plan 'aquí te pillo, aquí te mato', seguro que hay muchos que están sufriendo una persecución en su país de origen que obliga a España a acogerles como refugiados y ni siquiera se les permite decir que quieren eso al aplicarles esta barbaridad", señala Solans.
En este sentido, considera "seguro que se ha expulsado indebidamente a gente que debía ser acogida". "Aunque sólo sea por un elemental juicio porcentual, afirmo categóricamente que la policía no se ha limitado a expulsar a gente que entraba ilegalmente, es seguro que ha expulsado a gente que su obligación era proteger", ha asegurado.
El abogado indica asimismo que "también existe la posibilidad de que haya razones humanitarias para acoger a estas personas" que se ignoran al entregárlas a las fuerzas policiales marroquíes sin seguir el procedimiento, es decir, incoar una orden de expulsión, si procede, tras entrevistar a la persona y conocer sus circunstancias.
"Los procedimientos son obligados en un Estado de derecho, que es el primero que debe cumplirlos para dar garantías a sus decisiones. Están ahí precisamente para evitar que se pueda expulsar injustamente a un solicitante de asilo o a una persona en la que concurren razones humanitarias, como que sea menor de edad o una mujer embarazada", expone el abogado.
Para Solans no hay justificación alguna de esta conducta y si la devolución a Marruecos de quienes han saltado la valla de forma clandestina "es el camino de justificar una actuación ilegal de la policía", los ciudadanos deben "prepararse". "Por este camino, el día de mañana si pillan a su hijo robando en un centro comercial, el policía hará de testigo, juez y parte, le meterá una paliza al joven y como era culpable, pues ya está, no se pedirán explicaciones", ha planteado.