MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Congreso, con los votos del PP y de los nacionalistas de CiU y PNV, ha rechazado la petición del Gobierno de tramitar por la vía de urgencia el proyecto de Ley de Igualdad de Trato, según ha revelado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría.
A juicio de la portavoz del PP, esta petición de tramitación de urgencia "trataba de eludir" un debate en profundidad de esta normativa en el Parlamento, al mismo tiempo que considera que no tiene "ningún sentido las prisas" que tenía el Gobierno por tramitar de urgencia dicha ley "porque ha tenido de plazo de sobra en toda esta legislatura".
Según ha apuntado, a esto se le añade "la circunstancia" de que el propio Consejo de Estado "ha puesto en duda" el rango normativo de parte del articulado de esta ley, "por cuanto ha venido a decir que alguno de los preceptos pudiera exigir rango de Ley Orgánica".
DEBILIDAD DEL GOBIERNO
Es más, ha hecho referencia a palabras del vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien según ha indicado, "en la tramitación de las leyes se vería la fortaleza del Gobierno". "La oposición a esta tramitación de urgencia pone una vez más de manifiesto la debilidad del Gobierno de sacar adelante iniciativas y sobre todo, tal y como quiere sacarlas, sin un debate público y ni un debate parlamentario", ha agregado.
Aunque estaba prometida para diciembre, el Consejo de Ministros no aprobó hasta finales de mayo el proyecto de Ley de Igualdad de Trato, y a renglón seguido el Gobierno anunció su petición para tramitarla en el Congreso por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar a la mitad todos los plazos parlamentarios.
El PP ya había anticipado su oposición a esta tramitación acelerada la semana pasada, al considerar que es un texto "complejo" que ha suscitado dudas incluso entre los órganos consultivos que lo han examinado. La posición del Grupo Popular se ha impuesto así en la Mesa del Congreso al recabar el apoyo de CiU y PNV, quedándose el PSOE en minoría.
Entre otras medidas, el proyecto de ley permite eliminar los conciertos educativos a los centros que separen por sexo a sus alumnos, crea una Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y establece un régimen sancionador con multas que pueden ir desde los 300 euros en casos leves hasta un máximo de 40.000 en los graves y de 500.000 en los supuestos muy graves.