Las CC.AA autónomas se resisten a tutlar adolescentes problemáticos

VEN RIESGO A SER RESPONSABLES DE SU COMPORTAMIENTO

La Fiscalía detecta "resistencia" de las CC.AA. a asumir la tutela de adolescentes problemáticos de más de 15 años

Sugiere una reforma legislativa para los centros de menores con trastornos de conducta

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha detectado "cierta resistencia" de las administraciones autonómicas a asumir la tutela y guarda de adolescentes de más de quince años debido a la ausencia de recursos económicos o el riesgo de asumir responsabilidades derivadas de su comportamiento.

Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía de 2009, que recoge Europa Press, en la que este organismo analiza los problemas derivados de los centros de menores con trastornos de conducta, teniendo como base el informe que el Defensor del Pueblo realizó ese mismo año sobre los abusos y vejaciones que se cometían en algunos de estos recursos.

Según este organismo presidido por Cándido Conde Pumpido, la mayoría de los menores residentes en estos centros terapéuticos se encuentran en situación de desamparo y sólo algunos se acogen en

guarda. Estos últimos son menores adolescentes cuyos padres, incapaces de abordar el trastorno conductual, y ante la inexistencia de recursos educativos o sanitarios, acuden a los servicios sociales.

No obstante, la Fiscalía señala que "algunas comunidades autónomas exigen la previa declaración de desamparo para el ingreso en uno de estos centros" y, en algún caso, "ante la denegación de la guarda voluntaria o el silencio de la entidad pública, ha de ser el fiscal el que proponga la guarda judicialmente".

Para esta entidad, la situación de este colectivo de jóvenes ilustra el "fenómeno emergente de la adolescencia disruptiva",

cuyo abordaje, a su juicio, precisa de la "máxima coordinación" desde todos los ámbitos y la implantación de nuevas acciones y medidas.

En este sentido, plantea la creación de escuelas de padres y mediación intergeneracional, centros de día o tratamientos

ambulatorios de adolescentes, con el objetivo de lograr que el ingreso en centro especial, tras la traumática declaración de desamparo o en casos de guarda, "sea la última, en lugar de la única opción".

RED SANITARIA "AUSENTE"

Para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad, la Fiscalía señala que es necesario que los recursos y las prácticas se arbitren en un marco socio-sanitario común a todas las comunidades autónomas y sean igualmente accesibles a todos los menores que los precisan.

"Esto requiere marcos uniformes de protección frente a la exclusión

social y una estrecha coordinación entre las administraciones

sociales, educativas y sanitarias para atender a quienes requieren su

actuación conjunta", afirma para advertir de que la red sanitaria en este proceso está "frecuentemente ausente o distante" para el abordaje de los problemas que plantean estos adolescentes.

En cuanto a estos recursos sanitarios, la Fiscalía indica que no hay que presuponer la consideración de "enfermos mentales"

de los menores residentes en estos centros terapéuticos y añade que sí entraña la sumisión a criterios internacionales de protección de personas sometidas a tratamientos y la aplicación de éstos desde la óptica de los derechos.

Si bien advierte de que estos centros difieren mucho unos de otros, al estar destinados a menores que presentan psicopatologías del comportamiento --trastorno desafiante, fracaso y absentismo escolar, conflictividad o adicciones--, también indica que presentan rasgos comunes: un mayor aislamiento, un régimen disciplinario específico, condiciones de seguridad que presuponen frecuencia o habitualidad de los registros y presencia de vigilantes jurados, recurso a la contención física con existencia de una habitación de contención o aislamiento, sumisión a tratamientos psiquiátricos, psicológicos y farmacológico.

Sobre este punto, asegura que la única justificación de estas condiciones reside en las necesidades de los usuarios, que, según afirma, "demandan soluciones diferentes a las que ofrecen los centros de protección ordinarios, pero en todo caso, soluciones

terapéuticas y educativas".

"No deben considerarse instrumentos de defensa social frente a jóvenes conflictivos, sino medios para proporcionar, cuando las instancias familiares y educativas ordinarias han fracasado, un marco adecuado a la reeducación", explica.

REFORMA LEGISLATIVA

Ante la variada situación de este colectivo de menores en las comunidades autónomas, la Fiscalía eleva al fiscal general del Estado una propuesta de reforma legislativa para que, entre otros aspectos, se consideren estos centros de "formación especial".

Asimismo, la propuesta debe contemplar la exigencia de autorización judicial para el ingreso del menor; la regulación del régimen disciplinario, con catálogos detallados de infracciones y sanciones, así como la forma de practicar los registros con desnudo integral, en condiciones de respeto y garantía de la dignidad del menor.

Por otra parte, propone que las medidas de contención 'física', 'mecánica' o de 'aislamiento' tengan una clara definición de su carácter puntual y su naturaleza terapéutica o preventiva, "nunca sancionadora"; la cualificación específica en el trato con menores de todos los profesionales implicados; el control de los tratamientos farmacológicos que precisen los menores residentes, que debe contar con el consentimiento informado de los menores maduros o mayores de 16 años.