El Centro Kennedy pide que la ONU investigue la expulsión de Haidar de El Aaiún

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, que en 2008 premió a Aminatu Haidar, está trabajando para conseguir que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, Navanethem Pillay, abra una investigación sobre la expulsión de la activista saharaui de El Aaiún por las autoridades marroquíes el pasado 14 de noviembre.

Según explicó a Europa Press Boi-Tia Stevens, quien esta semana visitó a Haidar en el aeropuerto de Lanzarote donde lleva más de dos semanas de huelga de hambre, entre las iniciativas que el Centro Kennedy ha tenido desde que se produjo la expulsión de la activista figura el pedir que la ONU investigue las circunstancia en que se produjo su envío a España.

Para ello, la directora de Apoyo del centro, Marselha Goncalves, quien también ha tenido ocasión de reunirse con Haidar en Lanzarote, se encuentra en estos momentos en Ginebra, donde espera reunirse "esta semana" con representantes de la oficina de Pillay y transmitir la petición de que se investigue el caso de la activista saharaui.

De hecho, desde el pasado 16 de noviembre, día en que comenzó la huelga de hambre de Haidar, el Centro Kennedy tiene en marcha una campaña en su página web de recogida de firmas para pedir a la alta comisionada de la ONU que "lleve a cabo inmediatamente una investigación sobre las circunstancias de la expulsión forzosa de Aminatu del Sáhara Occidental y establezca una mecanismo de protección de los Derechos Humanos del pueblo saharaui".

Además de ello, explicó Stevens, cuando se produjo la expulsión este organismo se dirigió a "nuestros contactos en el Departamento de Estado así como en el Senado y en la Cámara de Representes" para informarles del caso de Haidar y pedirles su respaldo. Desde entonces, añadió, el Departamento de Estado se pronució la semana pasada y en los últimos días también lo han hecho varios senadores.

El jueves pasado, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que expresaba su preocupación por "la salud y el bienestar" de Haidar y pedía la pronta "determinación de su estatus legal", así como el "respeto total al debido proceso y a los Derechos Humanos".