Chamizo advierte de que las familias no son informadas "adecuadamente" en el proceso de desamparo de sus hijos

Pide incentivos para los trabajadores del servicio de protección de menores ante el "grave problema de falta de personal" existente

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Menor, José Chamizo, advirtió hoy de que las familias "no son informadas adecuadamente" de cuáles son sus derechos, cómo defenderlos o cuáles son las razones por las que se les retiran a sus hijos en el proceso de tramitación de los expedientes administrativos de declaración de desamparo.

Durante su comparecencia en la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones del Parlamento Andaluz, a propuesta del Grupo Popular a fin de informar sobre quejas recibidas en materia de menores, Chamizo lamentó que, en muchas ocasiones, las familias, "carecen de información suficiente para afrontar el proceso, por lo que, si alguien no les explica los pormenores, pueden llegar a encontrarse con el desamparo de sus hijos sin que existan razones reales para ello".

Así, propuso que, esta labor informativa sea desempeñada por los letrados, de manera que, "no sólo intervengan en la vía judicial estricta, sino también en la fase administrativa de la tramitación del expediente de declaración de desamparo".

Además, el Defensor, que en breve presentará su informe anual de 2008 en materia de menores, llamó la atención sobre el hecho de que están apareciendo nuevos perfiles de menores en riesgo de exclusión social, de manera que, a pesar de que la "inmensa mayoría" provienen de un medio sociocultural y económico desfavorecido, comienzan a existir situaciones de riesgo para menores y adolescentes que "no están vinculados a la pobreza", sino que pertenecen a familias "aparentemente estructuradas y con un nivel de ingresos económicos suficiente".

Por ello, indicó que "es necesario rehacer muchos conceptos en materia de menores, por ejemplo, el de situación de exclusión social".

Asimismo, apuntó que las "mayores" carencias que detecta la institución en esta materia se dan en el campo de la prevención, sobre todo en los programas desarrollados desde las corporaciones municipales o asociaciones con financiación de la Junta de Andalucía, los cuales "cuentan con medios muy escasos o no llegan a todos los municipios".

Por ello, apostó por establecer un protocolo de coordinación entre las entidades sanitarias, educativas y sociales orientado a la "detección precoz" de los menores en riesgo de exclusión social, para intentar contrarrestas las ocasiones en las que, sobre todo en el caso de los abusos sexuales, se "escapan" al control de la Administración.

Igualmente, abogó porque se revisen las competencias que tienen los ayuntamientos en materia de prevención y tratamiento de menores que se encuentren en esta situación, ya que se necesitan más medios en provincias como Málaga, Cádiz o Sevilla.

También advirtió de que, en muchas ocasiones, la intervención de los servicios de protección de menores de la Administración "llega tarde", lo que implica el internamiento del menor en un centro de protección en "más ocasiones de las que son necesarias en lugar de mantenerlo en su entorno, que es lo que persiguen las leyes de protección de menores".

Según precisó, actualmente hay 6.800 niños andaluces bajo tutela de la Junta de Andalucía, 4.500 de ellos con familias de acogida y 2.500 en centros de protección de la Administración, datos que valoró "positivamente" al demostrar que la Junta ha iniciado el camino emprendido años atrás por otros países de incidir en el acogimiento familiar sobre el ingreso en un centro.

De otro lado, alertó del "grave" problema de falta de personal en los servicios de protección de menores en las diferentes delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía. Según lamentó, el personal adscrito a esta rama "se marcha a otros dispositivos en cuanto puede porque es un trabajo duro y sin grandes incentivos", lamentando que "no podemos estar cambiando continuamente de referentes en expedientes con nombres y apellidos".

En este sentido, instó a "resolver" con prontitud estas deficiencias y sugirió la posibilidad de otorgar algún tipo de incentivo al personal, extremo que, según informó, ha trasladado a los sindicatos "sin éxito".

Respecto al acogimiento familiar, advirtió de la "necesidad" de que se informe a los acogedores temporales de "cuál es su papel real", para evitar "que se enfrasquen en litigios judiciales continuamente".

En cuanto a las adopciones, informó de que en 2008 y según datos del Observatorio Andaluz de la Infancia, se produjeron 139 adopciones nacionales y se tramitaron 962 expedientes de adopciones internacionales.

En esta materia, pidió un "plan de choque" para evitar las "demoras" que existen en la tramitación de expedientes, las cuales "no son siempre justificables". Además, señaló que "no siempre las resoluciones están bien motivadas", con argumentos "dispares y contrapuestos", ya que "cada técnico tiene su manera propia de proceder, algo que no tiene cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico".

MAYORES COMPETENCIAS PARA EL IAJ

Además, significó que el número de adopciones nacionales ha descendido, tanto por la acción del acogimiento en familia extensa como por el hecho de que la "mayoría de las parejas quieren a niños pequeños, preferiblemente bebés, sin ningún tipo de alteración, discapacidad y de una etnia concreta", algo que criticó recordando que "no existe un derecho a adoptar, sino que los que tienen derechos son los menores a tener una familia que permita su desarrollo".

En materia de reforma, acusó la "falta de recursos", de forma que "asistimos a muchas medidas judiciales que no se están cumpliendo porque no existen los recursos precisos", poniendo como ejemplo el caso de Huelva "que no cuenta con ningún centro de reforma, lo que obliga a que los menores sean trasladados a otras provincias, con lo que no se respetan sus derechos a permanecer cerca de sus familias".

Por último, demandó una regulación de los denominados puntos de encuentro para la relación entre las parejas separadas y sus hijos o la ampliación de competencias del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), para que integre medidas para asistir "toda la problemática adolescente", pues el sector juvenil de la población es, según subrayó, el que "tiene mayores carencias y necesidades actualmente". "Es una pena que el IAJ tenga recursos que no siempre se están aprovechando", lamentó.

Por su parte, la diputada del Grupo Popular Rosalía Espinosa, insistió en los "escasos" recursos que dispensa la Junta en materia de protección de menores y lamentó los "retrasos" existentes en la declaración de idoneidad de la familia acogedora, de forma que la labor de la Administración "acaba siendo asumida mediante convenios por asociaciones que no otorgan las mismas garantías que la Junta".

Según afirmó Espinosa, sólo un 21,71 por ciento de los puestos de trabajo en esta materia están cubiertos.