MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha rechazado con los votos en contra del Grupo Parlamentario Popular y UPN tramitar el proyecto de Ley de Igualdad de Trato elaborado por el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero y registrado ahora en la Cámara por el Grupo Socialista como proposición de Ley. La norma, entre otros cambios, elimina las subvenciones a los colegios de educación diferenciada y sitúa la carga de la prueba sobre el acusado de discriminación.
Según ha explicado la portavoz socialista en la materia, Carmen Montón, "es una ley integral general que protege a toda la ciudadanía, una ley de mayorías y de colectivos" que se aplica "a todas las personas en todos los ámbitos" y que "apuesta por consolidar los derechos adquiridos", ya que "no crea nuevos derechos, tan sólo los garantiza".
En su defensa de la iniciativa, Montón ha denunciado que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert "ya ha anunciado medidas para que el coste de la segregación salga del bolsillo de todos los españoles", en relación a su intención de incorporar en la reforma educativa garantías para que los colegios de educación diferenciada puedan recibir subvenciones. "Este tipo de educación atenta contra la igualdad de las mujeres y lleva a que se perpetúen los estereotipos", ha asegurado.
"A quien siga pensando que la ley es innecesaria porque el derecho ya está en la Constitución, le diré que eso no significa que la discriminación no se produzca y quien frivoliza con los destinatarios de la ley, o no conoce la realidad o está conforme con la discriminación", ha señalado Montón para incidir, además, en que la crisis no puede ser una excusa porque se trata de una cuestión "de derechos" y de "dignidad" de las personas.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, la portavoz Marta González Vázquez se preguntaba "si la voluntad del PSOE es burlarse de la ciudadanía, del Parlamento o de ambos" por presentar de nuevo un texto que ya fue sujeto a observaciones tanto de los grupos parlamentarios como de diversos órganos consultivos en la pasada Legislatura "sin hacer una sóla modificación" y a sabiendas "de la inquietud" que a su juicio ha generado en la sociedad "preocupada por sus libertades".
Para el PP, el texto es "inoportuno" además, porque contempla la creación de un nuevo organismo público en plena crisis económica, porque la prioridad es conocer la discriminación estableciendo indicadores antes de legislar y porque está pendiente una directiva comunitaria sobre el tema. Asimismo, a su juicio adolece de "muchos defectos" entre los que Vázquez ha citado la "absoluta imprecisión de las conductas y la desproporción con las sanciones" que propone.
Además, en su opinión establece "una concepción expansiva de igualdad de trato que puede lesionar otras libertades", entre las que ha destacado la de enseñanza, en el sentido de que "pretende privar de subvención a los colegios de enseñanza diferenciada" de manera que "a las familias se las priva de la aportacion estatal, fundamento para el acceso a este tipo de escuela, porque eligen algo que al gobierno anterior no le gusta pero que no puede prohibir porque no tiene base jurídica para ello".
En contra se ha expresado también el portavoz de UPN (Grupo Mixto) Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, quien ha preguntado a la bancada socialista para saber "por qué si no hay estudio que acredite que el modelo de educación diferenciada genera discriminación o desigualdad, insiste en dejar sin ayudas a miles de familias en España que lo han elegido". "No sean sectareos. Si este modelo realmente discriminara, no debería ni existir, pero ustedes no se atreven a tanto, quieren estrangularles retirando la ayuda pública", ha señalado.
EL RESTO DE LA CÁMARA, CON RESERVAS
El Grupo Socialista ha recabado los apoyos del BNG, Izquierda Plural y UPyD, y la no oposición del PNV y de CiU, aunque en todos los casos, los grupos desean que se debata el proyecto pero tienen muchas reservas en cuanto a su contenido, principalmente por el régimen sancionador que propone en materia de discriminación y porque supone a juicio de algunos portavoces, una intromisión en competencias autonómicas.
Así, Olaia Fernández, del BNG, ha puesto el acento en las competencias autonómicas que a su juicio, podrían verse amenazadas, en línea con lo manifestado por el 'peneuvista' Aitor Esteban, quien ha hecho notar que en la ley propuesta las comunidades "quedan como meras comparsas". La diputada de CiU, Lourdes Ciurió, se ha expresado en esta línea para argumentar que su grupo "no puede votar a favor" porque "le sobra ingerencia en las comunidades" aunque se trate de una "ley bien intencionada".
Izquierda Plural se ha alineado con un debate en favor de la igualdad de trato frente al Gobierno actual, que, conforme ha señalado la diputada Ascensión De las Heras, "defiende los colegios que segregan por sexo" y ha puesto "en peligro el matrimonio igualitario". Con todo, para su grupo el proyecto, aunque positivo, no tiene sentido si no incluye a los migrantes y modifica la Ley de Extranjería a fin de covertir en totalmente universal la protección anti discriminación que persigue.