Una denuncia por maltrato podría impedir a un padre ver a sus hijos

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha planteado la posibilidad de que la admisión a trámite de una denuncia por maltrato suponga la "suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas de los hijos e hijas con el padre", así como que la orden de alejamiento que se conceda a la madre se extienda a los hijos.

Éstas son algunas de las propuestas que el PSOE ha realizado a los demás grupos parlamentarios en el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, del informe de la Subcomisión del Congreso sobre Violencia de Género, que cuando se apruebe será enviado al Gobierno para que lleve a cabo las modificaciones que considere oportunas.

Los socialistas proponen asimismo que los padres que tengan una condena firme por violencia machista pierdan la custodia de los menores y se les prive de la patria potestad. Además, solicitan que no se aplique la mediación familiar intrajudicial en los casos en los que haya existido violencia de género.

El PSOE recomienda la puesta en marcha de protocolos sanitarios referidos a menores que se encuentren afectados por casos de violencia de género "para evitar que en el futuro reproduzcan este tipo de conductas".

NO ACEPTAR EL SÍNDROME DE ALINEACIÓN PARENTAL

En el borrador, también se pide que no se acepte el Síndrome de Alineación Parental (SAP) por parte de los tribunales de justicia y de los organismos públicos (como los puntos de encuentro). Los defensores de la existencia del SAP lo definen como la manipulación que ejerce una madre separada para poner a su hijo en contra de su padre.

Según el texto, el SAP se aduce en ocasiones "para intentar desprestigiar la Ley contra la Violencia de Género", por lo que se debe poner freno a los "efectos tan devastadores que la ideología del citado síndrome está produciendo".

Los socialistas también plantean revisar las órdenes de protección como requisito para las ayudas sociales, ya que, indican, muchas mujeres maltratadas no denuncian y aún denunciando no solicitan la orden de protección. De este modo, reclaman que se ofrezca asistencia psicológica en la cartera de servicios de la Seguridad Social previa a la denuncia.

Del mismo modo, piden completar la implantación de las Unidades de Valoración Integral en todo el territorio del Estado, medida que se contempla en la ley pero que no se ha aplicado todavía con carácter general.

El PSOE solicita iniciativas "para que la orden de alejamiento sea real, efectiva y se cumpla, también por la propia víctima," y recomienda que en la imposición de las penas al agresor se incluya un tratamiento, aunque no entren en prisión.

ESCASA REPERCUSIÓN EN EMPLEO

El estudio pone de manifiesto, asimismo, el escaso número de mujeres que han solicitado una suspensión o extinción de contrato por violencia de género y la limitada repercusión de las medidas que fija la ley para fomentar el empleo en este colectivo.

Los socialistas defienden que la ley "es un instrumento adecuado para la prevención y la sanción de la violencia de género", aunque admiten que se debe "seguir perfeccionando y evaluando en el transcurso de su aplicación".