MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
Reina Luisa Tamayo, madre del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, quien murió el pasado mes de febrero, consideró este martes que el retraso en la exhumación de los restos mortales de su hijo, tras la cual abandonará la isla rumbo a Estados Unidos junto a otras quince personas, es una "maniobra" del Gobierno cubano contra su familia.
En una conversación telefónica, la activista explicó a Europa Press que aunque las autoridades le avisaron el lunes por la mañana para que se preparara ante una inminente salida hacia el Cementerio Sur de Holguín (este), donde se encuentra enterrado su hijo, todavía está esperando a que esa salida se produzca.
"Nos dijeron que hiciéramos ya las maletas y lo preparásemos todo porque la guagua (autobús) iba a venir a buscarnos para ir al cementerio", dijo la mujer, quien consideró que esta nueva dilación de los plazos es "otra maniobra de los hermanos Castro (Fidel y Raúl) contra esta familia".
No obstante, Tamayo confió en que la exhumación se produzca finalmente en las próximas horas o, a más tardar, "en un par de días", aunque no ha recibido ninguna confirmación de las autoridades a este respecto. "Vamos a ver mañana (martes en España) porque estamos en espera de la respuesta del Gobierno, parece que quieren usar de nuevo algo contra nosotros", insistió.
En el caso de que se cumplan las expectativas de Tamayo, tras la exhumación, partiría junto a otros quince miembros de su familia hacia La Habana, donde espera incinerar el cadáver de su hijo. Todos ellos se instalarían en la capital hasta que el Gobierno les conceda la autorización para salir de Cuba y la Sección de Intereses de Estados Unidos en la isla les confirme la concesión del visado para ingresar en el país.
Sin embargo, también en esta cuestión hay dificultades. "El Gobierno insiste en que ya está todo arreglado, pero desde Estados Unidos no nos han confirmado lo de la visa y tampoco nos ha llegado el papel con la autorización para salir de Cuba, así que no sabemos cuánto tiempo tendremos que estar en La Habana", indicó la mujer.
Tamayo aguarda desde hace semanas la exhumación de los restos mortales de su hijo para poder abandonar la isla e instalarse definitivamente en Estados Unidos, donde solicitará el asilo político, aunque todavía desconoce la ciudad en la que se instalará, así como las condiciones de la residencia. "Allí no conocemos a nadie, pero creo que podremos contactar con alguien cuando lleguemos", señaló.
EXHUMACIÓN "IRREGULAR"
Por su parte, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), rechazó las condiciones en las que se producirá la exhumación del cadáver de Orlando Zapata Tamayo, al considerar que el procedimiento "impuesto por el Gobierno" es "irregular" porque el cuerpo todavía se encuentra en proceso de descomposición.
La organización condenó, a través de un comunicado divulgado el lunes, que nueve meses después de que el disidente recibiera sepultura "justamente hoy (lunes) el Gobierno de Cuba alistó el dispositivo con numerosos efectivos de la Policía política secreta para proceder a la exhumación" cuando "sus restos mortales se encuentran todavía en proceso de descomposición".
"Haciendo esto, el régimen estaría vulnerando reglas y ordenanzas sanitarias que regulan la actividad de los cementerios en Cuba", aseveró la CCDHRN después de consultar con un especialista en la materia, quien aseguró que "en ningún caso se autoriza la exhumación hasta que no transcurran dos años desde el entierro", a no ser que exista una orden judicial, "lo cual no concurre en este caso".
En consecuencia, la comisión instó a las autoridades cubanas a detener esta "película de horror" y a "respetar y hacer respetar las reglas y normas civilizadas, especialmente en materia sanitaria", a pesar de su "apuro por sacar del territorio nacional de cualquier manera y lo antes posible los restos del joven".
Zapata Tamayo murió el pasado 23 de febrero, tras permanecer 86 días en huelga de hambre, mientras cumplía una condena de 36 años de prisión. Su protesta fue para exigir mejoras en las condiciones de presidio de decenas de opositores al Gobierno de Raúl Castro.
El régimen castrista lo considera un "mercenario", al igual que al resto de los presos políticos que hay en la isla. Amnistía Internacional, en cambio, reconoció su labor y lo adoptó como prisionero de conciencia.