Piden la retirada de la circular sobre "detención preventiva" a inmigrantes

La Policía practicó el año pasado 445.000 identificaciones a extranjeros, según las ONG

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 141 asociaciones sociales y de defensa de los inmigrantes presentaron este martes una queja pública al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo contra la última circular policial sobre extranjería, a la que acusan de promover "ilegalmente" detenciones preventivas a inmigrantes.

Las asociaciones se han unido ahora en protesta por la circular 1/2010 del 25 de enero, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, "que evidencia la práctica policial de la conducción a comisaría de inmigrantes que, a pesar de estar debidamente documentados, no acreditan su estancia regular en España". "Esta práctica es absolutamente ilegal. La Policía no tiene habilitación para privar de libertad en estas circunstancias, pudiendo incurrir en un delito de detención ilegal", señalaron.

En este sentido, apuntaron que según la normativa vigente sólo es posible la identificación de ciudadanos no documentados. La denominada por la circular 'detención preventiva' únicamente cabe en los casos de indicios de la comisión de un delito y ha sido recientemente criticada por varios sindicatos policiales.

"La legislación de extranjería sólo permite la 'detención cautelar' en el marco de un procedimiento sancionador ya incoada y cuando, cumpliéndose los requisitos establecidos, así lo acuerde el instructor del procedimiento. Ninguno de estos supuestos legales concurren en las prácticas policiales denunciadas", reza la queja enviada al Ministerio.

Asimismo, califican de "absolutamente ilegales" los controles de identidad practicados de forma selectiva sobre la población inmigrante con el fin de comprobar su situación de regularidad administrativa en España. Así, de acuerdo con la legislación vigente, la Policía sólo podría establecer controles de identidad en los casos de indicios de comisión delictiva. "Resulta inaceptable en un Estado de Derecho que el Ministerio del Interior promueva la privación de libertad al margen de la Ley", recalcaron los firmantes.

UNA SITUACIÓN CONOCIDA

Las asociaciones relacionadas con la inmigración hace tiempo que denuncian que la Policía identifica selectivamente a personas mediante criterios raciales, "realizándose controles masivos sin indicios de delito (incluso en lugares de arraigo social), así como detenciones sin cobertura legal y prolongaciones innecesarias de la estancia en comisaría".

En este sentido, indicaron que la situación "no es nueva" y que el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Madrid tuvieron conocimiento de todo ello por las denuncias, informes y conversaciones mantenidas con varios colectivos en 2009. Ese mismo año se realizaron, según las ONG, 445.000 identificaciones a inmigrantes a toda España.

Además de la presentación de estas quejas al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo, las entidades no descartan llevar a cabo denuncias oportunas "de todas y cada una de las prácticas policiales ilegales" de las que tengan conocimientos, así como cualquier otra medida de carácter social y de denuncia pública que estimen oportunas.

"Somos muchas personas que nos mantenemos vigilantes y preocupadas por este tipo de prácticas. Está en juego el tipo de sociedad que queremos ser. A golpe de persecución, detención, encierro y deportación no se puede construir una sociedad mejor para todos. Por eso las detenciones ilegales y los controles masivos y selectivos de identidad deben parar", dijeron.

Uno de los intervinientes, el senegalés Dauda, de la Asociación Sin Papeles de Madrid y de la red Ferrocarril Clandestino, explicó que vinieron a España para "buscarse la vida" y lo único que quieren es trabajar y "vivir con tranquilidad y dignidad". "Nos llevan a comisaría y pasados unos meses nos vuelven a identificar. Nos persiguen en las calles, nos sacan de los locutorios cuando estamos hablando con la familia. Nos piden la documentación donde nos reunimos", indicó.

Asimismo, se quejó de las redadas y controles masivos practicados en el Metro y otros lugares "de forma selectiva e injusta". "España es nuestro país. Estamos intentando hablar castellano e integrarnos, pero no nos dejan", lamentó.

Por su parte, el jesuita y coordinador de Pueblos Unidos, Daniel Izurquiza, criticó la deshumanización actual frente a las redadas y "la recogida selectiva de personas". "Los inmigrantes sufren las consecuencias en directo, pero puede ser algo que nos afecta más directamente a todos, porque al criminalizar al migrante, puede ser que nos contaminen y nos hagan encogen la mirada, que miremos al vecino como una amenaza, impedir la integración y fracturar la vida", agregó.

Por último, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Nacho Murgui, criticó la circular porque conculca el Estado de Derecho y "supone un atropello contra los derechos y libertades del conjunto de la sociedad, que nos atemoriza y avergüenza"

INFORME SOBRE CONTROLES DE IDENTIDAD

Por su parte, el grupo de abogados de Inmigrapenal ha presentado un informe sobre los controles de identidad y detención de inmigrantes. Uno de sus redactores, el profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid José Miguel Sánchez Tomás afirmó que conforme a pronunciamientos del Tribunal Constitucional el derecho a libertad sólo puede ser restringido en caso de previsión legal expresa, es un derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona del que gozan en igualdad de condiciones nacionales y extranjeros y que debe ser considerada una modalidad de privación de libertad los requerimientos policiales para la conducción de dependencias policiales.

Así, descarta la pretensión de que la conducción a comisaría de un ciudadano extranjero documentado pueda realizarse bajo la figura de 'detención preventiva', "que sólo cabe ante supuestos de comisión de ilícitos penales, lo que, evidentemente, no es el caso de la eventual estancia irregular en España, que es un mero ilícito administrativo".

El informe también descarta la posibilidad de la detención cautelar del artículo 61.1.d de la Ley de Extranjería, en tanto que sólo pueda adoptarse desde el momento que se incoe un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la expulsión y por parte de instructor de dicho procedimiento, lo que tampoco ocurre en estos supuestos.

Por último, se niega que esta condición a la comisaría pueda realizarse al amparo de la ley, "toda vez que establece como presupuesto necesario que la Policía no haya logrado su identificación pro cualquier medio, lo que en este caso sí se habría verificado por medio del pasaporte".

La conclusión del estudio es que si el extranjero, aún estando en situación irregular en territorio nacional, está perfectamente identificado no cabría adoptar en ese momento ninguna medida restrictiva de su libertad.

"La única actuación policial posible es formular un boletín de denuncia con los datos identificativos del extranjero y remitirlo a la autoridad administrativa para la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, en cuyo marco será cuando el instructor, de concurrir todos los requisitos necesarios para ello y en los términos establecidos en la Ley de Extranjería, pueda acordar su detención cautelar".

Finalmente, el documento señala que según el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 17 de agosto del año pasado sobre un caso relativo al requerimiento de identificación realizado por la Policía española a una ciudadana de raza negra por el mero hecho de serlo, que las solicitudes de identificación "no pueden efectuarse seleccionando a los ciudadanos en virtud de rasgos étnicos o raciales como indicios de su posible situación ilegal en el país".