Las prestaciones se imponen a los servicios, lo que no genera empleo ni calidad

Los empresarios aseguran que "el tiempo se agota para las residencias"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las prestaciones económicas que la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia contempla como excepción para quienes solicitan ayudas públicas se han impuesto a la prestación de servicios como la atención residencial, lo que provoca que el sistema "desaproveche" su potencial generador de empleo y "no esté garantizada" la calidad de la atención que reciben las personas dependientes.

Esta es una de las principales conclusiones del informe que ultima la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, un trabajo al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se analiza la progresión ascendente que ha registrado la concesión de ayudas económicas para personas en situación de dependencia durante el último año.

El estudio expone que el 65,4% de los dependientes, más de 340.000 personas, están recibiendo prestaciones económicas frente a las 260.000 que se benefician de algún servicio. En total, el 80 por ciento de las personas atendidas lo están en su domicilio y la mitad de ellas, en manos de cuidadores no profesionales.

"Mientras la evolución de la prestación está subiendo a marchas forzadas siendo por ley la excepción, los servicios como la ayuda a domicilio o las plazas residenciales se mantienen estables o no evolucionan como deberían", explicó en declaraciones a Europa Press el director de la asociación, Juan Manuel Ramírez.

Según dijo, "muchas veces, cuando se da la prestación no se valora si eso es lo mejor para la persona en situación de dependencia" por lo que se requieren sistemas de seguimiento que garanticen la correcta atención del beneficiario final de las ayudas que "no se están articulando". "Es muy preocupante que no haya sistemas para comprobar si la atención que reciben más de 300.000 personas es o no la adecuada", destaca el estudio.

Ramírez coincide con la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en que existe un "factor cultural" en el hecho de que más personas deseen ser atendidas en su propia casa, pero apunta además, que "el coste de esta prestación resulta tres veces inferior en términos globales al coste de un servicio residencial o a 90 horas mensuales de ayuda a domicilio".

EMPLEO SUMERGIDO Y DE BAJA CALIDAD

Además, el informe destaca que "sólo uno de cada tres cuidadores no profesionales se han dado de alta en el convenio especial de la Seguridad Social" lo que a juicio de Ramírez, significa que "más de la mitad de las ayudas públicas recaen sobre jubilados que se ven obligados a responsabilizarse de los cuidados intensivos que requiere la persona con la que conviven, o sobre personas que trabajan fuera de casa y que están generando con ese dinero mucha economía sumergida".

En este sentido, el trabajo apunta que "más de 100.000 personas", el 94% mujeres, podrían estar trabajando en esta "bolsa de empleo sumergido o de muy baja calidad" al ser 'subcontratadas' por la persona que recibe a su nombre las ayudas por ser cuidador no profesional del dependiente en cuestión. Por eso, la asociación pide que se distinga entre quienes realmente cuidan al dependiente y quienes "sólo ejercen nominalmente" como cuidadores.

La organización denuncia asimismo el "escaso desarrollo" de la ayuda a domicilio ya que por cada persona que tiene este servicio, cinco reciben la prestación económica para cuidado informal. Esto "evidencia que la implantación del SAAD no está generando un auténtico sistema de servicios, sino básicamente, un sistema de ayudas económicas" lo cual es "preocupante" por "el nivel de calidad en la atención" que pueden están recibiendo los dependientes, según el estudio.

"EL TIEMPO SE AGOTA PARA LAS RESIDENCIAS"

Por otra parte, desde la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), su presidente, José Alberto Echevarría, aseguró que "el tiempo se agota para las residencias" y advirtió de que en 2010 "van a cerrar muchos centros residenciales" porque "se están subvencionando los cuidados familiares".

Echevarría explicó a Europa Press que hay un 20 por ciento de plazas residenciales libres que no se están utilizando y las que están ocupadas por la vía de concertación "no cubren ni siquiera los costes". Negó además, que la tendencia sobre las prestaciones económicas asociadas a los cuidados familiares vaya a disminuir en favor de servicios residenciales o la ayuda a domicilio, en contra de lo que prevé el Ministerio de Sanidad y Política Social.

A su juicio, atendiendo al propio desarrollo de la ley, se ha prestado atención a los dependientes 'grandes' y 'severos' (grados 1 y 2, respectivamente) que "según la norma, necesitan cuidados directos y continuados las 24 horas del día y sin embargo, más de la mitad reciben cuidados no profesionales", afirmó.

"¿Cómo se va a invertir la tendencia si ahora, quienes van a entrar a ser atendidos son los dependientes ligeros, los de grado uno, los únicos susceptibles de cuidados familiares?", cuestionó Echevarría, para quien esta situación no va a cambiar, sino que, por el contrario, "los cuidados informales van a seguir aumentado".