La repatriación de menores inmigrantes "es ineficaz" y supone "quitarse de en medio el problema"

Reivindican mejoras en el texto de reforma de la Ley de Extranjería para hacer "realidad" el respeto a los intereses del menor

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

UNICEF y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) presentaron hoy un informe titulado 'Ni ilegales, ni invisibles' sobre la situación de los menores inmigrantes que viven en España del que se desprende que dar prioridad a las repatriaciones en los casos de irregularidad "no se ajusta al interés superior del menor", constituye una "política ineficaz" y supone "quitarse de en medio el problema".

Así lo explicó en rueda de prensa el presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGAE, Pascual Aguelo, quien recordó, con datos de la Fiscalía General del Estado, que el año pasado España repatrió a 10 menores extranjeros, entre los cuales se encontraba "sólo" un africano.

"No debe ser, por tanto, una política muy eficaz", señaló Aguelo, para incidir en que "en época de crisis, las políticas restrictivas y de control no son las más eficaces" porque no frenan el flujo migratorio de los menores de edad, sino que les convierten "en el último escape de familias condenadas a la miseria para abrir el muro de Europa".

Según el responsable de Extranjería en el CGAE, este es el motivo por el que mientras desciende progresivamente el número de embarcaciones irregulares que llegan a las costas españolas, aumenta la cifra de niños que viajan a bordo de las mismas y que incluso se lanzan al mar sin ningún adulto que les acompañe. "Podemos empezar a sufrir la visión de cadáveres de menores en el Mediterráneo", advirtió Aguelo.

En la misma línea, la directora ejecutiva de UNICEF España, Paloma Escudero, explicó que el movimiento de menores "es parte de la estrategia migratoria" pero "necesita un tratamiento legislativo específico" porque "son niños antes que extranjeros" y, por tanto, "deben tener prioridad" sus intereses por encima de la regulación de flujos migratorios".

En este sentido, reivindicó que se garanticen todos los sistemas de protección, desde establecer un protocolo de atención integral (jurídica y psicosocial) a su llegada, hasta la tutela en las Comunidades Autónomas, el reparto entre las mismas y las repatriaciones, que deben analizarse caso por caso para asegurar que el niño no se devuelve a la situación de la que ha huido o ha sido expulsado.

DOCUMENTAR A LOS MENORES A SU LLEGADA

Aunque, según dijo, "no hay un dato único" por "falta de un registro riguroso" sobre menores extranjeros no acompañados en España, en 2007 se estimaba la cifra en algo más de 6.500 adolescentes y niños, muchos de los cuales se encuentran indocumentados por la demora en los trámites por parte de las administraciones.

"No tiene ningún sentido y es motivo de frustración" que estos niños y adolescentes no tengan documentación, explicó Escudero, quien coincidió con Aguelo en reivindicar que todos los menores sean identificados y accedan a un permiso de residencia en el momento en que sean declarados en situación de desamparo y su tutela recaiga sobre una Comunidad Autónoma. De esta forma se evitaría que cumplieran 18 años y quedaran en la calle y sin papeles, conforme aclaró el responsable de Extranjería del CGAE.

Según el informe, "los fallos del actual sistema de protección y su mala praxis provocan que en muchas ocasiones la Administración no documente al menor y que aborde su mayoría de edad en situación de residencia irregular. Esa inseguridad que se cierne les está creando problemas de salud (...) Es importante que los menores se sientan integrados, reconocidos y escuchados y la autorización de residencia les reconoce ese derecho".

Para estas cuestiones y las relativas a la cesión de tutela entre comunidades autónomas, los expertos reclaman un "mayor liderazgo" por parte del Gobierno que ponga fin a la "falta de coordinación entre administraciones" en la gestión de menores inmigrantes, así como reivindican la puesta en marcha del Registro de niños y adolescentes extranjeros que ya contempla la legislación en vigor.

Asimismo, reclaman cambios en el Proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que está en trámite parlamentario, porque si bien recoge "algunas mejoras" en cuanto a los niños y adolescentes extranjeros, "debería quedar más claro" y "ofrecer más garantías", explicó Aguelo. "Se deben acometer algunas modificaciones que hagan que este respeto al interés superior del menor sea una realidad", apostilló.

En la presentación del informe participaron, además, el presidente del CGAE, Carlos Carnicer; la presidenta de UNICEF España, Consuelo Crespo y la patrona de la Fundación Banesto, Mónica López-Monis, que respalda la iniciativa.