La sentencia del magistrado Ferrín Calamita se leerá hoy en un acto abierto al público

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La lectura de la sentencia contra el magistrado Fernando Ferrín Calamita, acusado por prevaricación debido al supuesto retraso de los trámites de adopción por la consorte de una madre biológica de una niña, además de discriminación sexual contra la pareja de lesbianas, será pública y se leerá hoy, según informó el abogado de la acusación particular, José Luis Manzón.

Según se desprende del documento del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) al que ha tenido acceso Europa Press, hoy se procederá a la lectura pública de la sentencia a las 12.00 horas.

Cabe recordar que el juez Fernando Ferrín Calamita confió el pasado mes de noviembre en un fallo absolutorio porque, defendió, no haber "cometido ningún delito" aunque sí reconoció presiones "desde julio del año pasado" para que se fuera de Murcia.

Ferrín Calamita insistió en que había recibido "presiones, e incluso chantaje y extorsión" para que se fuera de Murcia por parte del abogado querellante, José Luis Mazón. "Desde un principio siempre ha habido presiones para que me vaya de Murcia", ya que, señaló, hay quien considera que "un católico no puede estar en un Juzgado de la Familia".

El juez Ferrín Calamita defendió que "en realidad" no hizo nada, simplemente dictó una providencia en mayo de 2006 cuando se presentó la solicitud, diciendo que fuera examinada la adoptante por el gabinete psicosocial. Luego, relató, "hay otra providencia de junio en la que se extiende la pericial a la madre biológica".

Pero esta última providencia, justificó, "fue decisión de las integrantes del gabinete psicosocial, que querían ver a las dos". El fiscal ve en esta providencia el primer delito de prevaricación dolosa, cuando se extiende el informe a la madre biológica.

Según el fiscal "en mi mente estaba quitarle la niña a la madre, lo cual es absurdo", se defendió. "Fue decisión de las integrantes del gabinete", quienes, al final, "no vieron a las dos mujeres", porque las citaron para el 16 de agosto y el informe ya estaba emitido desde el día 11 de ese mes.

Ante ese informe, explicó, "nombro a la Dirección General de Familia de la Región de Murcia decisor judicial de la menor y ellos hacen otro informe en el que tampoco van, por así decir, al grano, a la influencia que en la menor puede tener la adopción".

Fue en ese momento cuando Ferrín Calamita les dirigió una serie de preguntas que los psicólogos de la Dirección General de Familia no quisieron contestar "por motivos ideológicos, porque eran ideas personales y entienden que eso escapa de la competencia de un psicólogo".

PRESIONES Y LLAMADAS TELEFÓNICAS.

El juez, "harto de presiones y de llamadas telefónicas", decide prescindir del informe y da el plazo de diez días a las partes para que aleguen lo que estimen oportuno en relación al planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Es en ese momento cuando comparece la adoptante con otro abogado distinto, José Luis Mazón, que recusa a Ferrín Calamita, según el juez, "por ser católico" y acto seguido se querella contra él, en principio por retardo malicioso en la tramitación del expediente, algo que el acusado negó y señaló que si eso fuera retardo malicioso "habría que protestar en un 90 por ciento" de los casos "por un retraso de seis meses".

No obstante, Ferrín Calamita reconoció que ese informe de la madre biológica "no siempre se pide", pero este caso era "novedoso" y fue posteriormente, en marzo de 2007, cuando hubo una reforma que "permitiría a la adoptante, a la que convive con la madre biológica, acudir directamente al registro Civil e inscribir a la niña como hija suya".

Pero, insistió, en el momento de producirse ese proceso todavía no se había reformado del Código Civil sobre la adopción, sí para los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El fiscal pidió para el acusado una pena de tres años de prisión, una multa e inhabilitación por 18 años por un delito por prevaricación dolosa, que luego en el acto del juicio se cambió alternativamente por "prevaricación dolosa o culposa"; mientras que el abogado de la acusación añadió el delito de "retardo malicioso en la administración de Justicia". "Prácticamente dan un abanico de posibilidades al Tribunal para que me condene", lamentó.

Aún así, confió en que "al final sean justos los tres magistrados que integran la sala", aunque mostró cierto temor a que le condenen a una pena de inhabilitación, lo que conlleva la pérdida del destino.