Sindicatos policiales dicen que Rubalcaba conocía las órdenes porque ellos mismos se quejaron ante él

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) aseguraron hoy que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, conocía las órdenes de realizar identificaciones masivas de inmigrantes irregulares y que no ha hecho nada hasta que ha trascendido.

En concreto, los sindicatos policiales citan una reunión del 27 de enero en el seno del Consejo de Policía --órgano de mediación entre sindicatos e Interior-- en la que pusieron en conocimiento del director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y su segundo, Miguel Angel Fernández Chico, su inquietud por determinadas órdenes que estaban recibiendo los agentes.

Asimismo, los sindicatos remitieron escritos al Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo exigiendo una "clarificación legal" sobre determinadas órdenes, entre ellas, las que obligan a realizar identificaciones "masivas e indiscriminadas sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas, por ser jóvenes, por transitar por determinada zona o por ser de origen extranjero". Esta misma queja fue expresada en el Consejo de Policía.

"Alguna responsabilidad tendrá el Ministerio del Interior, que informado de todo esto por los sindicatos policiales, no ha hecho nada al respecto hasta que la opinión pública ha supuesto una amenaza para el Ministerio", afirman hoy en una nota.

"INSTRUCCIONES DE RESPONSABLES POLÍTICOS"

Rubalcaba dijo hoy en sede parlamentaria que ni el director general ni su segundo han impartido ninguna instrucción, verbal o escrita, para detener a un cupo de irregulares. Sin embargo, los sindicatos insisten en que las identificaciones "indiscriminadas" son consecuencia de "las instrucciones de los responsables políticos", que circulan a través de los subordinados.

Los sindicatos policiales consideraron una "aberración y absoluta inutilidad" utilizar los servicios de protección preventiva y seguridad ciudadana en una cuestión "meramente estadística, que no aporta nada a la seguridad de los ciudadanos y que se lleva a cabo como estrategia política de este Ministerio".