MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El delito por violencia de género se ha convertido en la tercera actividad delictiva que lleva a miles de hombres a prisión en España. Actualmente, hay 3.784 personas internadas en centros penitenciarios por esta causa, es decir el 5,7 por ciento de un total de 66.138 internos, según informó hoy la subdirectora general de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Concepción Yagüe.
En el marco del III Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que se celebra en el Senado, la responsable de Instituciones Penitenciarias señaló que entre los motivos principales de estos presos por violencia machista destacan los malos tratos en un 34 por ciento de los casos, amenazas (14%) y por quebrantamiento de la pena o medida de alejamiento.
Son menos numerosos los condenados por delitos de alta entidad, como agresiones sexuales (3,3%), homicidio (3%), asesinato (2%), lesiones (12%). No obstante, Yagüe destacó que "hay datos que impactan más", si se tiene en cuenta a los agresores que están dentro del sistema penitenciario, pero no en la cárcel, como los condenados a localización permanente, que son más de 2.000, o los que están ya en libertad condicional.
"Las condenas de violencia de género están, por tanto, aumentando la actividad penitenciaria", alertó la especialista, para añadir que esto es consecuencia del perfeccionamiento de la base de investigación policial, así como del proceso penal. No obstante, señaló que no sólo es necesaria la protección de la víctima, sino también el trabajo con los agresores porque, a su juicio, "de poco sirve mejorar el procedimiento sancionador si no se tratan de solucionar las causas que sustentan la violencia".
En relación al perfil sociológico del maltratador preso, Yagüe dijo que el 57 por ciento son menores de 40 años, en su mayoría españoles (74%), de procedencia urbana (68%). Cabe destacar que el 12,8 por ciento de los agresores se consideran consumidores abusivos de drogas, de los cuales, casi la mitad lo son de cocaína, y el 9,8% se considera consumidor de alcohol.
Además, como dato social, de los agresores internos en estos momentos en los centros penitenciarios, la mayoría (59%) no tienen ingresos propios para su subsistencia, aunque en casi todos los casos la familia sustenta esa atención económica. También en el 68 por ciento carecen de vivienda propia, pero cuentan con una familia que les acogerá cuando salgan de la cárcel.
De los presos condenados por violencia de género, para dos tercios de la muestra su principal delito es la violencia de género, lo que significa, según la experta, que, "con todas las cautelas, son personas de perfil normalizado", mientras que el otro porcentaje está integrado por personas condenadas por más delitos, aparte de la violencia machista -tráfico de drogas, robos... antecedentes penales de todo tipo--.
En cuanto a la pena media que tienen los maltratadores es de tres años y 10 meses y el 40 por ciento soporta penas inferiores a dos años de presión. El 87 por ciento de los penados se encuentra en la actualidad en segundo grado y disfruta del tercer grado el 10 por ciento, cuando en la población general de varones disfruta de este tercer grado un 17 por ciento.
"En este tema (de la violencia machista) la institución penitenciaria es sumamente cautelosa y rigurosa porque sólo cuando se cumplen todos los requisitos de la ley nos planteamos que el condenado siga ese tratamiento penitenciario en un régimen abierto porque tenemos en cuenta la realidad de fuera", aclaró.
EL 60% RECONOCE EL DELITO PERO LO JUSTIFICA
Sólo el 15 por ciento de los condenados cuenta con antecedentes psicopatológicos, mientras que el 36 por ciento niega los hechos que se le imputan y el 60 por ciento lo reconoce aunque también lo justifica y minimiza. No obstante, el 21 por ciento de los agresores asegura que querría reanudar la relación afectiva con su víctima cuando finalice el proceso penal.
La situación con la víctima e el momento en el cometieron el delito era de convivencia en la mayoría de los casos (59,7%), de los cuales, en el 27 por ciento era su esposa, en el 32 su pareja; en el 25 por ciento no existía convivencia. Pero hay que destacar que la víctima en ese momento era dependiente económicamente de su agresor en el 43 por ciento de los casos, el 55 por ciento tiene hijos en común y propiedades el 21,2 por ciento.