"vulneraciones de derechos y malos tratos" un centro de menores guipuzcoano

Ve "muy grave" que en el centro de Elgeta, al igual que ocurrió en Deba, tampoco se ofrezca a los chavales acceso a recursos formativos

SAN SEBASTIÁN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG SOS Racismo hizo público este jueves su informe 'Menores en riesgo. Centro de Deba, prácticas excepcionales', en el que se denuncian las "vulneraciones de derechos" y "malos tratos" que, a su juicio, se han venido dando en el centro de menores extranjeros tutelados que la Diputación foral de Guipúzcoa puso en marcha en Oilur, Deba, en marzo de 2009 y que cerró por reformas el pasado mes de diciembre.

Además, calificó de "muy grave" que, tanto en este recurso como en el actualmente en funcionamiento en Elgeta, "no se esté ofreciendo a los chavales acceso a formación reglada".

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, la responsable de área de menores de SOS Racismo Guipúzcoa, Anna Stern, y el representante de esta ONG Peio Aierbe, explicaron que este documento ha sido elaborado a partir de los testimonios de 27 menores residentes en Oilur, así como de educadores del centro y vecinos de la localidad con el objetivo de que la experiencia de este recurso "sirva para aprender de cara al futuro" de manera que la Diputación pase a "liderar las buenas prácticas" en la atención a los menores que tutela.

Aierbe censuró que, desde el principio, el centro de Deba se denominara como un 'Programa de emergencia para la atención de menores extranjeros conflictivos', y ahora se hable de una segunda fase del programa cuando "la presencia de menores extranjeros con perfil conflictivo, como ocurre con los autóctonos, va a seguir existiendo", y no son "basura de la que desprendernos", sino que debe garantizarse sus derechos desde "una labor pedagógica".

A su juicio, "a la hora de verter la imagen de los chavales del centro de Deba se ha dado una visión culpabilizadora y problematizadora", cuando, en realidad, se trata de "menores en riesgo que requieren una intervención individualizada y educativa".

En este sentido, consideró "muy grave" que en Deba el recurso sirvió "como herramienta de expulsión de estos menores", ya que, al parecer, a algunos se les ofreció "el billete para que se fueran" de Guipúzcoa, y no se destinara como lugar de intervención para "modificar comportamientos", y señaló que, en el centro de Elgeta, actualmente en funcionamiento, no se ofrece "acceso a recursos formativos, a formación reglada" a estos menores.

Con ello, consideró que "aumenta la situación de vulnerabilidad" de este colectivo y se "fomenta su exclusión". "Estamos creando pobreza con dinero público", criticó.

Frente a ello, abogó por "una intervención" hacia este colectivo "que no tenga como punto de partida el control o el aislamiento". El miembro de SOS Racismo agradeció a la veintena de chavales del centro de Deba que contactaron con SOS Racismo que "no sucumbieran" al sistema y buscaran "salidas, gente que les escuchara", lo que, a su juicio, no encontraron en los educadores del centro.

Según apuntó, estos menores se dirigieron a la asociación demandando poder asistir a clases a los talleres formativos", algunos de los cuales ya iban antes de ser derivados a Deba, y para denunciar "el trato recibido" en este centro, "donde no podían recibir visitas, carecían de oferta de ocio" y padecían la "amenaza implícita de que no iban a lograr nada".

Asimismo, indicó que a sus quejas se sumaron las de algunos educadores que "no querían seguir maltratando" a estos menores, denunciaban "la falta de herramientas, de un espacio educativo y la falta de sentido de la intervención hacia estos chavales".

Por otra parte, criticó "la práctica perversa de la Diputación para que a chavales que, a su juicio, no habían aprovechado bien los recursos ofrecidos por la institución foral, la subdelegación del Gobierno no les renovara la residencia", lo que deriva a una situación de posible expulsión que puede prolongarse durante años, "con todo lo que conlleva de daño físico y psicológico".

Aierbe censuró que la derivación de estos menores, algunos tutelados en otros centros y otros que acababan de llegar al territorio, a Deba, se llevó a cabo de manera "discrecional", a pesar de contar con perfiles "muy heterogéneos", ya que, aunque algunos "tenían problemas graves de consumo y conductas conflictivas, otros carecían de ningún tipo de causa judicial abierta".

Además, puso especial énfasis en la situación de las chicas, algunas víctimas de violencia de género, enviadas a Oilur, a pesar de que el centro "carecía de educadoras y de los medios" para atenderlas ya que estaba en principio destinado a chicos, padeciendo situaciones de "falta de derecho a intimidad, como las ocasionadas, por ejemplo, por "la falta de puertas en los baños".

Por su parte Stern puntualizó que en el informe elaborado sobre el centro de Deba se recoge la "vulneración del derecho a un trato digno" en este recurso tanto a los menores, sin "intervención terapéutica, donde no se permitían las visitas, no había oferta de ocio, y faltaban espacios para recursos formativos", así como a los educadores y profesionales del centro, "sin recursos para desempeñar su labor".

PERMISO DE RESIDENCIA

También apuntó la vulneración del "derecho a la documentación", y, al respecto, puntualizó que muchos menores que cumplieron la mayoría de edad en el centro de Deba pasaron a ser "extranjeros indocumentados", porque, en algunos casos, "por el mero hecho de haber sido derivados a este recurso o por los informes elaborados en el mismo, se les denegó la renovación del permiso de residencia".

En concreto, indicó que cuatro menores que acudieron a la asociación se vieron en esta situación, de los cuales dos han logrado obtener el citado permiso "gracias al defensor del pueblo y a una sentencia judicial".

Por otra parte, censuró la imagen de "conflictivos" que de estos menores se ha dado a través de los medios, el hecho de que la Diputación "vendiera los ceses de tutela como abandonos voluntarios", así como el "poder simbólico" de la valla colocada alrededor del centro, que "da cuenta de un sistema basado en el control y la punición, y no en la educación".