Greenpeace alega que la revocación del cierre de la central nuclear obliga a os ciudadanos a asumir "riesgos"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Greenpeace ha presentado sus alegaciones al proyecto de revocación parcial de la órden de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que abrió el pasado 27 de abril el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entre las que denuncia que la extensión de vida de la planta atómica "obliga a los ciudadanos a asumir los riesgos que los propietarios no pagarán".

Así, Greenpeace subraya que una orden de reapertura de Santa María de Garoña "enriquecerá a los propietarios", Iberdrola y Endesa (al 50%) que ingresarán más de 1.100 millones de euros con la prórroga durante seis años, "sin contraprestación alguna", según ha asegurado la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

"El proyecto de ampliación ignora el interés público y de participación de las personas y obliga a los ciudadanos a asumir los riesgos que los propietarios no pagarán", ha advertido.

Además, la ONG considera que hay una decena de razones para estimar "improcedente" la reapertura de la central nuclear, ya que no mejora la dependencia energética de España, sino que la perpetúa, puesto que la planta importa su combustible del exterior, ni tiene incidencia en la seguridad de suministro, puesto que su energía supone menos del 1,2 por ciento del sistema eléctrico español.

Asimismo, estima que Garoña "no ayuda a compensar el déficit tarifario actual porque la fijación del precio de generación de la electricidad es el derivado de una subasta en el sistema de mercado y, por lo tanto, recibe la misma retribución que otras tecnologías.

Igualmente, señala que la planta no está condicionada a la existencia o no del almacén temporal centralizado "tal y como demuestra el desmantelamiento de Zorita (José Cabrera, Guadalajara)", ni tiene en cuenta la limitación que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre el tiempo de almacenamiento de combustible gastado en las piscinas de las centrales.

En este decálogo también alegan que la central nuclear burgalesa tiene un "efecto negativo" sobre la actividad económica y afirma que el desmantelamiento aumentaría los empleos directos. A esto habría que añadir la "reactivación" de la economía, para la cual existen ayudas estatales.

CIERRE RATIFICADO POR LA AUDIENCIA NACIONAL

Para la organización no se están valorando "adecuadamente" los resultados de las pruebas de resistencia de las centrales nucleares que realiza la Comisión Europea, como por ejemplo, la "falta de establecimiento de requisitos para la gestión de accidentes integrado en el marco legal español".

Al mismo tiempo, recuerda que la orden ministerial de cierre fue ratificada por la Audiencia Nacional y que el proceso judicial no ha concluido, motivo suficiente, en su opinión, para determinar la improcedencia del procedimiento de revocación.

Entre las alegaciones denuncia que se vulnera el principio de seguridad jurídica que se incluye en el artículo 9.3 de la Constitución Española por el que todas las consideraciones que se realizan ya habían sido valoradas para la determinación de la fecha de cierre en 2013.

En definitiva, Greenpeace valora que se "lesiona directamente el interés público y de defensa de una política energética y medioambiental determinada" y que, además afecta "directamente a muchos intereses de la ciudadanía", a la que no se da la posibilidad de participación, tal y como establece el Convenio de Aarhus.

Por ello, la ONG ha puesto a disposición de los ciudadanos su página de Internet (www.grenpeace.es) donde los interesados pueden presentar sus alegaciones al proyecto de revocación de la orden de cierre.