MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El apostolado social de la Compañía de Jesús reclama a los partidos políticos, en un documento titulado 'Crisis Prolongada. Solidaridad Reforzada', la aprobación de un Reglamento para los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) hasta su cierre y la eliminación del uso de fondos de cooperación al desarrollo para financiar acciones de control migratorio, de cara a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre.
En este sentido, los impulsores del documento piden que, mientras existan los CIES, se utilicen "de manera excepcional" y "nunca" para personas "inexpulsables" ni en situación de vulnerabilidad (ancianos, enfermos o embarazadas) y sugieren al partido que suba al poder la aprobación de un Reglamento de CIE que "acabe con la arbitrariedad, inseguridad jurídica y criminalización" y que asegure que el único derecho limitado sea la libertad ambulatoria.
Además, exigen que se vigile "escrupulosamente" la salvaguarda de las garantías jurídicas en los controles de la migración y que se corten "de raíz" los controles documentales indiscriminados que supongan "un hostigamiento generalizado" y que estén basados en rasgos étnicos. Igualmente, señalan que, ante casos de personas en situación irregular, no se debe acudir a la expulsión como primera opción. No obstante, apuestan por intensificar la lucha contra las redes de trata y tráfico de seres humanos.
En esta línea, el coordinador del Servicio Jesuita a Inmigrantes, Josep Buades, ha defendido la aplicación del II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) y ha propuesto modificaciones "puntuales" pero "no una reforma general" en la actual Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y ha pedido eliminar "trabas administrativas salvables" que dificultan el empadronamiento y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.
El tema de la inmigración es uno de los cuatro que abordan los jesuitas del apostolado social en el texto, en el que también hacen propuestas para luchar contra la exclusión social, impulsar una política de cooperación internacional "solidaria e innovadora" y elaborar una política fiscal para la justicia y la equidad.
MÁS DE 200.000 HOGARES EN EXCLUSIÓN
Concretamente, sobre la lucha contra la exclusión social, el coordinador del equipo redactor del documento, Daniel Izuzquiza, ha subrayado la propuesta de llegar a un gran pacto a favor de la inclusión social en un momento de crisis en que, según ha recordando aportando datos del Informe sobre pobreza de FOESSA, un tercio de los hogares españoles llega con dificultad a fin de mes.
Así, ha apuntado que, a fecha de hoy, en la última semana del mes de octubre, si las familias españolas han tenido que reparar la caldera para poder tener calefacción de cara al frío que llega, una de cada tres de ellas "no habrán podido" hacerlo. Además, ha recordado que, según el estudio, en dos años, más de 218.000 hogares españoles han pasado de una situación de integración a otra de exclusión social.
Ante esta situación, el documento propone llegar a dedicar durante la próxima legislatura un 0,4 por ciento del PIB anual a la lucha contra la exclusión social, el doble de lo que se dedica actualmente. "Si la pobreza crece a un ritmo de un 1% anual, qué menos que incrementar el gasto social un 1% anual", ha remarcado Izuzquiza.
En esta línea, los jesuitas también sugieren implantar un sistema universal de garantías de rentas mínimas que reformule el actual que, a su juicio, es "fragmentado y en general muy restrictivo, con un nivel de cobertura muy limitado y con una cuantía de prestación económica insuficiente para vivir".
IMPUESTO DE TRANSACCIONES FINANCIERAS
Atendiendo a la cooperación internacional, los jesuitas apuestan por asegurar un volumen estable de recursos públicos para la política de cooperación manteniendo el 1,4 por ciento del presupuesto de gasto del Estado y recuperando el objetivo del 0,7 por ciento de la RNB.
Además, insisten en la necesidad de impulsar nuevos mecanismos de financiación del desarrollo, por ejemplo, mediante iniciativas multilaterales entre las que destacan la creación de un impuesto de transacciones financieras por el que los fondos recaudados se destinarían a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
Todas estas propuestas se enmarcan, según ha indicado el director de la ONGD Alboan, Ignacio Eguizábal, en un mundo en el que de los 7.000 millones de personas que está a punto de alcanzar, 1.400 millones viven "con menos de un euro al día", cifra que se ha ido incrementando con una frecuencia de cien al año desde que estalló la crisis económica, según ha apuntado.
Finalmente, el documento exige combatir el fraude fiscal que, según señala, hace perder a las arcas públicas unos 90.000 millones de euros anuales, e insta a los partidos a establecer medidas de contención del déficit basadas en la racionalización del gasto público y no en el recorte de las partidas destinadas a la integración social, la educación, sanidad y solidaridad.