MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha defendido la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular que se llevó a cabo hace ya tres años, a iniciativa de la ex ministra de sanidad Ana Mato, al considerar que "ha evitado que los españoles tuvieran que pagar un dinero que nos les correspondía por una práctica (turismo sanitario) que era sangrante para las arcas públicas".
En una entrevista a RNE recogida por Europa Press, ha negado que su decisión sea una rectificación a la anterior ministra del ramo, y considera que debe ser vista como una "modificación" que convierte este nuevo sistema en el "más generoso" de la Unión Europea.
A su juicio, con "la mejora introducida" la medida adoptada por Mato es ahora más "coherente" desde el punto de vista sanitario. La reforma que introdujo la anterior ministra retiraba la tarjeta a los inmigrantes en situación irregular y éstos sólo podían ser atendidos a través de los servicios de Urgencias; Alonso, enmendó este cambio y anunció que las personas que están en España de manera irregular volverán a tener atención sanitaria primaria, aunque seguirán sin tarjeta.
A su juicio, la atención sanitaria debe pivotar sobre la Atención Primaria, sea cuál sea la situación en la que se encuentre la población (legalmente o ilegalmente). "La modificación que se hizo en su día incremento la justicia del sistema", ha señalado recordando que gracias a ese cambio parados de larga duración y colectivos que no tenían reconocido su derecho han conseguido la tarjeta sanitaria.
"Se ha hecho mucho por garantizar la sanidad pública en España, porque sea sostenible y más lógica, y nuestra obligación es ir mejorando en la medida que se puede. Y reconocer que después del trabajo del Gobierno estamos en una fase distinta de recuperación económica, fase de crecimiento económico que abre nuevas oportunidades", justificaba al explicar la decisión adoptada hace una semana.
No obstante, reconoce que aún queda por despejar algunas dudas, en las que ya se trabaja con las comunidades autónomas, como son los requisitos para el acceso a la atención especializada o el gasto en farmacia dentro al que hacer frente en su atención. En cualquier caso, existe ya un documento que se encuentra en una fase "muy avanzada".