El gobierno catalán impulsa una ley de protección social para "blindar" el estado de bienestar

Munté avanza que las prestaciones actuales "se reorganizarán" para hacerlas sostenibles

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno catalán ha empezado a tramitar una ley de protección social para "blindar" el estado de bienestar en Cataluña, después de que en los últimos cinco años se hayan disparado la pobreza y la exclusión, que ya afecta al 30% de los catalanes.

Lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, que ha recordado que esta iniciativa es "inédita en democracia", y que la Generalitat entiende el modelo catalán de cohesión social como una estructura de Estado más que se debe proteger.

La ley, que Munté ha considerado "ambiciosa", se gestó el 16 de marzo, cuando el gobierno catalán celebró una reunión extraordinaria tras truncarse la cumbre anticrisis convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Por ahora, la ley no cuenta con un calendario establecido ni con una dotación presupuestaria, teniendo en cuenta que el Gobierno catalán está "pendiente de que el Estado defina un objetivo de déficit", ha recordado Munté, que ha añadido que las dificultades económicas no deben impedir que se blinde el actual modelo de estado de bienestar en Catalunya.

Ha desvinculado de esta nueva ley la reestructuración del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), que dejará de funcionar como ente autónomo y se integrará a la consejería, porque ahora "lo que se persigue es reorganizar el modelo de prestaciones para hacer lo máximo posible con los recursos actuales", aunque no ha concretado de qué modo se llevará a cabo este proceso.

Sí que ha afirmado que no se eliminarán ninguna de las prestaciones sociales actuales "porque no sobra ni una", aunque ha admitido que es insostenible mantenerlas estructuradas como hasta ahora, después de que la inversión del Estado en este sector ha caído un 92% en los últimos tres años.

MÁS COPAGO

Munté ha apostado por que la nueva ley "garantice la universalidad de los servicios públicos" en Cataluña, aunque ha avanzado que se revisarán los actuales niveles de copago en función de la renta de los usuarios.

"Se trata de potenciar los principios de solidaridad e igualdad", ha dicho Munté, que ha explicado que la nueva ley de protección tendrá incidencia en leyes sectoriales de este ámbito, como la que articula la renta mínima de inserción (RMI) y la de servicios sociales.

La futura ley también irá dirigida a la protección de los ancianos, especialmente después de que hayan incrementado un 6% las denuncias por maltratos a este colectivo, según ha explicado Munté, que ha afirmado que "es un dato muy duro, pero existe".

PACTO CONTRA LA POBREZA

Paralelamente, el Gobierno catalán prevé aprobar durante esta legislatura el 'Pacto por la lucha contra la pobreza en Cataluña', un documento que se está consensuando desde hace meses con las entidades del sector para combatir la exclusión a medio y largo plazo, especialmente entre los más pequeños.

El Ejecutivo catalán también está ultimando el 'Pacto por la infancia', que desplegará un conjunto de medidas de protección y promoción de los menores, colectivo especialmente castigado por la crisis, teniendo en cuenta que 350.000 pequeños viven en familias que no pueden garantizar su sustento.