El Congreso rechaza que se autorice a Canarias a realizar una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición no de ley de Nueva Canarias que quería instar al Gobierno a autorizar a Canarias a celebrar una consulta popular en las islas sobre si realizar o no las prospecciones petrolíferas en aguas del archipiélago.

Esta iniciativa se debatió en el Congreso este miércoles y se ha votado este jueves, dos días después de que la Cámara Baja debatiera y rechazase la toma en consideración de la propuesta del Parlamento catalán para que se autorice, convoque y celebre un referéndum en Cataluña sobre su futuro político; una propuesta que los nacionalistas canarios respaldaron.

Precisamente, los dos diputados de CiU, Jordi Jané e Inmaculada Riera, se han levantado de sus sitios a la hora de efectuarse la votación, según señalan en fuentes parlamentarias "por tener que tratar un asunto urgente".

Así, Nueva Canarias ha contado con el respaldo insuficiente del PSOE y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) --15 votos--; así como con el voto en contra del PP y de UPyD, que suman 24 votos; por ello la iniciativa no ha podido salir adelante.

UNA DEMANDA DEL PARLAMENTO CANARIO

Se trata de una demanda aprobada por el Parlamento de Canarias, a propuesta del Ejecutivo canario. Así, Quevedo argumentó que la consulta era "constitucional, legal y posible", en base a además al artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Según recalcó, "no deja de ser una casualidad buena o mala", que esta iniciativa coincidiera con la de la consulta catalana. "Yo confío, quedando claro que la naturaleza de las cosas que se plantea es distinta, que el resultado no sea tan exiguo como el alcanzado ayer por aquellos que votamos a favor de la propuesta del Parlamento de Cataluña", subrayó.

A su juicio, debe de haber un debate "público, amplio, claro y rotundo" sobre cuáles son los beneficios, perjuicios y a qué tiene que atenerse el pueblo canario a la hora de aceptar o no una iniciativa de esta naturaleza. "Ese debate no ha existido", criticó.

Se trata de intentar evitar que haya una contestación al Gobierno de Canarias a través de un escrito del Ministerio de Industria, Energía y Turismo negando esta posibilidad, "un asunto de esta envergadura no merece semejante cosa", señaló.

Quevedo incidió en que la búsqueda de un recurso como el petróleo debería plantearse siempre en un debate de ámbito público, al mismo tiempo que alertó sobre las posibles consecuencias de este tipo de prospecciones y sobre las que se han pronunciado sectores científicos, medioambientales, organizaciones internacionales, Canarias y ayuntamientos de todo los "tipos y colores".

Por último, indicó que estas prospecciones producirían una "seria afectación" del medioambiente, como está documentado también por sectores absolutamente "serios, rigurosos y considerables" en sus planteamientos, y se produciría en una zona con "alta actividad" sísmica.

"Lo cual, como es normal, incrementa la preocupación Asimismo, ha habido una información parcial, con cuentagotas, contradictoria, en ocasiones falsa, en otras ocasiones ofensiva", sentenció el parlamentario canario.

UNA PROPUESTA "CICATERA Y CONFUSA"

Mientras, Manuel Torres, del PP, tachó esta propuesta de "cicatera, interesada, poco seria y enmarcada en un halo de filibusterismo político", al pretender seguir creando "confusión y enfrentamiento" entre los ciudadanos canarios, aprovechando un asunto que está completamente "claro y reglado".

Según defendió, las prospecciones cuya autorización administrativa están en curso, no se encuentran en el ámbito geográfico de las aguas canarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley aprobada por el entonces Gobierno socialista, "ahora alentadores de la oposición a este proyecto".

Por otro lado, Torres criticó que tratan de vincular al Partido Popular con la promoción de esta actividad industrial, cuya única titularidad corresponde a Repsol, Woodside Energy Iberia S.A. y a RWE DE AG, respectivamente, actuando la primera de ellas como operadora.

"Lo que ahora pretende Coalición Canaria es que cuando la ley y los procedimientos administrativos que se derivan de ella no les complazcan, se pueda recurrir a una consulta popular. La cuestión es tan insolvente como lo sería plantear una consulta a los canarios sobre su opinión respecto a que existan casi mil plazas de personas dependientes vacías en centros del gobierno de Canarias con personas que lo necesitan desatendidas, o qué opinan sobre la promesa de Paulino Rivero en 2010 de crear 8.000 nuevos empleos en 18 meses", ha matizado.

Por ello, el diputado del PP pidió que se fuera respetuoso con el actual marco competencial, con el cumplimiento de la ley aplicable y con los procedimientos administrativos que en cada caso procedan.

Con la proposición no de ley se pretendía que el Congreso instase al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que autorizara a la comunidad canaria a realizar una consulta, "en la que los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias puedan expresar su parecer" en torno a la realización de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.