Consejo General de Abogacía solicita un Pacto de Estado por la cohesión social y para evitar la xenofobia y el racismo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Abogacía Española (CGAE) ha solicitado un Pacto de Estado por la cohesión social y para evitar la xenofobia y el racismo, tras el XXI Encuentro anual de la Abogacía sobre Derecho de Extranjería y Asilo, organizado por el CGAE y el Colegio de Abogados de Madrid, y en el que participaron más de 230 abogados expertos en la materia, en vísperas de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, el próximo 30 de junio, según informa la institución.

Así, letrados expertos en Extranjería de toda España apuntan que se puede "asistir a importantes brotes de xenofobia y racismo si las políticas de integración fracasan". Por ello, requieren un Pacto de Estado "donde los partidos políticos superen sus ideales partidistas y se llegue a un consenso social integral y eficaz, avanzando hacia políticas de integración y cohesión social".

Igualmente, destacan la necesidad de "combatir frontalmente la discriminación para que no aparezcan la xenofobia, el racismo y el conflicto social", subrayando el papel "fundamental" de los abogados en materia de Extranjería y en la defensa de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen social o nacional.

En opinión de los abogados, este "peligro" no es sólo en España ya que "la política de inmigración propuesta por la Unión Europea está desequilibrada, destinando importantes fondos al control de flujos en detrimento de una verdadera política de integración y cohesión social". En este sentido, reclaman la necesaria ratificación por parte de la UE y sus Estados miembros de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familiares de 1990.

Por otro lado, destacan que el "eje central de las preocupaciones debe ser la integración", así como "reflexionar sobre la regulación de la convivencia". Además, han mostrado preocupación sobre las reformas legislativas y la actual crisis padecida por la sociedad, "para que no repercuta en el derecho de los extranjeros y sus familias que residen en España, cuando se encuentran sin trabajo" y para que desde las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, "las políticas autonómicas y locales, sean de integración y no de exclusión".

Del mismo modo, apuntan que las detenciones de los infractores extranjeros sujetos a procedimientos sancionadores, "y su posible pérdida de libertad ambulatoria, no debe suponer una merma de sus derechos fundamentales, en particular la asistencia letrada y la garantía de todos sus derechos fundamentales aún en los Centros de Internamiento de Extranjeros".

Finalmente, exigen que los menores extranjeros, con sus familias y aún los menores extranjeros no acompañados, "sean tratados de conformidad con lo establecido en los Convenios Internacionales y compromisos asumidos por España, teniendo en cuenta en forma primordial su condición de menor y no de extranjero".