PARÍS, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ley aprobada por el ex presidente francés Jacques Chirac que permite acudir a los tribunales para exigir el derecho a la vivienda, conocida como 'Ley Dalo' por sus siglas en francés (derecho al alojamiento exigible), entró hoy en vigor marcada por el enorme dispositivo policial desplegado frente al tribunal administrativo de París, donde se agolpaban algo más de una treintena de familias para presentar su petición.
En la actualidad son unas 600.000 personas las que pueden acogerse a esta ley aprobada el 5 de marzo de 2007 tras el impacto social provocado por la acampada organizada a orillas del Canal Saint Martin de París por miembros de la asociación 'Los Hijos de Don Quijote' en el invierno 2006-2007, que quisieron así sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la vivienda.
El dispositivo obliga a partir de ahora al Estado a proporcionar un techo a quien no lo tiene o a los que viven en condiciones indignas. Comienza pues la fase judicial de la ley, de tal forma que las personas que busquen un alojamiento y cumplan los criterios estipulados en la misma pueden presentar su recursos ante un tribunal administrativo. El Estado puede incluso ser condenado si no garantiza este derecho. En diez meses se han registrado un total de 50.699 peticiones.
Para dar a conocer este nuevo derecho, las asociaciones Ayuda Católica y la Fundación del Abate Pierre han recorrido Francia durante el mes de noviembre a bordo de un autobús con el lema 'Un techo es un derecho', gira que culminará mañana martes en la región parisina.
Las asociaciones subrayan que el derecho a la vivienda se dirige no sólo a los que están en la calle sino que todos los hogares que no han tenido una respuesta favorable a su petición en un plazo "razonable" pueden recurrir a la justicia, animando así a los amenazados de expulsión, los que tienen alojamientos provisionales o están en casas de terceras personas y a quienes viven en locales que no reúnen condiciones o en los que la gente está hacinada.
El primer recurso se ejerce ante una comisión de mediación departamental que, si considera la demanda urgente y prioriraria, solicita al prefecto (delegado del Gobierno) proporcionar una vivienda social. Si a pesar del informe de la comisión no se produce el realojo, el demandante puede iniciar un recurso ante una jurisdicción administrativa y el Estado podría ser condenado a pagar una multa. A partir de 2012 este derecho es extenderá al resto de personas que tienen dificultades para encontrar una vivienda.
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