Los medios no podrán difundir imágenes o datos que identifiquen a un menor

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MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Estatuto de la Víctima que está elaborando en Ministerio de Justicia, prohibirá específicamente la difusión de datos o imágenes que permitan la identificación de un menor de edad víctima o testigo en un procedimiento judicial, como enseñar el portal de la vivienda de su familia o los alrededores de su centro escolar.

   Así lo ha explicado este lunes la secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia Alejandra Frías en un encuentro sobre Justicia Amigable organizado en Madrid en colaboración con Legálitas, en el que han participado, además del titular del departamento, Alberto Ruíz Gallardón, el director General de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó; la Fiscal de Sala de Menores Consuelo Madrigal y el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

   Gallardón ha repasado en su exposición las principales iniciativas del Gobierno en materia de protección de menores, haciendo especial hincapié en la reforma del Código Penal, los anteproyectos de Protección de la Infancia y el Estatuto de la Víctima, que espera poder "remitir en un plazo razonable" a las Cortes, "incluso antes del verano".

   Según ha dicho, el Estatuto, aún anteproyecto, va en la línea de evitar "la doble victimización del menor" reduciendo "al mínimo posible las situaciones" que pueden resultarle "traumáticas" en su relación con la justicia, como la sucesión de interrogatorios o que éstos se produzcan en dependencias y con personal no adaptado para ello.

   Así, ha destacado que, entre otras medidas, crea la figura del defensor judicial que puede nombrar el juez para que represente los intereses del menor, recoge que las declaraciones del menor serán grabadas por medios audiovisuales para que puedan ser reproducidas en un juicio sin necesidad de que el niño comparezca e introduce las salas adaptadas para que los menores den su testimonio.

   En este sentido, ha destacado el "proyecto piloto" de "salas amigables" que ya funciona en distintas comunidades autónomas, por el que se "habilitan los espacios y medidas necesarias" para que el menor preste declaración y protegerle así tanto en la fase de instrucción como a lo largo del procedimiento para evitar esa citada doble victimización.

   Frías, que moderaba el encuentro, ha añadido sobre este asunto que además, el Estatuto protegerá a los menores afectados en procesos judiciales introduciendo "no sólo la prohibición de dar publicidad a cualquier dato de un menor víctima o testigo sino incluso la prohibición absoluta de facilitar cualquier tipo de dato que permita su identificación, como la grabación del portal donde vive la familia".

   Esta ha sido una de las reivindicaciones que ha puesto sobre la mesa el juez Marchena, quien ha descrito toda una serie de ejemplos en los que menores afectados por delitos como la pornografía infantil o el abuso sexual tienen que convivir "de por vida" con la reproducción de las imágenes que les fueron tomadas en internet e incluso con la vinculación de su nombre a determinados delitos.

   "El efecto multiplicador de la red no tiene ya nada que ver con el enfoque tradicional de A protege a B", ha explicado, para incidir en que "no sólo la Administración de Justicia victimiza al menor", sino también los medios: "Hay que restablecer el significado constitucional de la publicidad del proceso (...) que se ha convertido en la publicación del proceso", ha sentenciado.

   Madrigal, por su parte, ha destacado que "de nada sirven las instrucciones si la sociedad no está concienciada de la necesidad de proteger a los menores" y ha reivindicado tanto la especialización profesional "no sólo en derecho, sino en los derechos y necesidades de los niños", como el derecho de escucha del niño, la grabación del testimonio para su uso como prueba preconstituida y el conocimiento de que "el interés superior del menor reside en el propio niño". "Hay que acercarse a él", ha apostillado.

"TENEMOS UN PROBLEMA DE VIOLENCIA"

   Por otro lado, el director General de la Policía ha expresado la preocupación de las instituciones por el incremento de la violencia entre menores y sobre menores. Aunque en los dos últimos años la cifra de niños y adolescentes víctimas o acusados se ha mantenido estable, "en torno a once mil", la tendencia, según ha dicho, es que mientras caen las denuncias por violencia de género aumentan las de violencia en el ámbito intrafamiliar. El 12% de estos delitos son ya menores de edad.

   "Tenemos un problema de violencia contra el menor en el ámbito doméstico, que crece, y tenemos un problema de violencia de menores contra menores, especialmente en el ámbito escolar, con bandas juveniles, acoso escolar y maltrato", ha señalado, para destacar que "sería un error querer colocar un policía en cada aula" y, por eso, la apuesta es la prevención.

   En el ámbito específico de internet, donde "el crecimiento --de las conductas delictivas sobre menores-- es más numeroso que en ningún otro ámbito", según ha dicho, sólo en el año 2013 se detuvo a 217 personas por delitos como el ciberacoso o la difusión de imágenes de contenido sexual de menores de edad. "Es fundamental y crítica la formación de los policías que tienen que hacer frente a la protección y persecución de menores de edad y en esto tenemos mucho trabajo que hacer", ha añadido.